"Testimonios de testigos y pruebas en vídeo y fotográficas verificadas por el Laboratorio de Evidencia de AI confirman que la policía utilizó armas como escopetas de perdigones, lanzadores de gas lacrimógeno, granadas, porras y dispositivos de descarga eléctrica contra manifestantes entre el 20 y el 24 de julio", denunció la organización.
Durante la investigación, Amnistía analizó 17 vídeos grabados en la capital india y otros dos en la ciudad de Siwan, en Bihar. En estos últimos, asegura, verificó dos casos en los que un policía estatal disparó un fusil de asalto tipo AK contra manifestantes y aseguró no haber encontrado pruebas de una amenaza inminente que justificara el uso de fuerza letal.
"Esta respuesta represiva fue violencia estatal disfrazada de control de multitudes. La impunidad que persiste un mes después es prueba de ello", denunció en un comunicado Aakar Patel, presidente de la junta directiva de Amnistía Internacional en India.
El laboratorio de la ONG verificó además imágenes de un agente de la Fuerza de Acción Rápida (RAF) disparando una escopeta hacia una multitud y de manifestantes con heridas compatibles con perdigones metálicos, una munición de caza que Amnistía considera inadecuada para el control de protestas por su imprecisión y elevado riesgo de causar lesiones graves.
Según la Policía de Delhi, más de 400 personas resultaron heridas durante las manifestaciones, entre agentes y manifestantes. En Siwan hubo al menos tres heridos, incluido un transeúnte que recibió un disparo en el cuello.
El informe concluye que la actuación policial contravino los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza y las propias directrices policiales de la India. Las autoridades, sin embargo, han negado haber empleado una fuerza desproporcionada y calificaron de profesional su actuación.
Las protestas de julio movilizaron a miles de jóvenes y se desarrollaron bajo cortes de internet, cierres de estaciones de metro, restricciones al transporte y prohibiciones de reunión que Amnistía considera contrarias a los estándares internacionales sobre el derecho de manifestación.
El informe aparece además después de que el CJP convocara una nueva marcha para el próximo 5 de septiembre en Nueva Delhi, tras acusar al Gobierno de incumplir los compromisos que pusieron fin a las protestas de julio.