Entre otras medidas, se incorpora la figura del triaje, es decir, el proceso de recogida de información de los migrantes que entran en España sin haber sido sometidos a los controles fronterizos, que será de 72 horas, prorrogables por decisión judicial.
Respecto a las solicitudes de protección internacional, la ley distinguirá entre el procedimiento ordinario de examen y el acelerado, que ha de estar resuelto en tres meses.
El objetivo del Ejecutivo es adecuar la legislación española al Pacto Europeo de Migración y Asilo de 2024, informó este martes en una rueda de prensa el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras la entrada masiva de unas 80.000 personas en la ciudad norteafricana española de Ceuta desde Marruecos los días 30 y 31 de julio.
Entre los cambios anunciados, se "actualizan" y "precisan" las definiciones de protección internacional, estatuto del refugiado y protección subsidiaria, y se incorporan de forma expresa realidades como la persecución relacionada con el género, la identidad o expresión de género y la discapacidad.
Respecto a la tramitación de las solicitudes de protección internacional, el ministro español detalló que la ley distinguirá entre el procedimiento ordinario de examen y el de examen acelerado.
Además, se fija un nuevo procedimiento de frontera, previsto en el reglamento de la Unión Europea (UE) y de aplicación obligatoria en determinados supuestos, con un plazo máximo de resolución de doce semanas, durante las cuales el solicitante de protección internacional deberá permanecer a disposición de las autoridades españolas.
Esta medida, añadió, es una cautela que se aplica antes de que se autorice la entrada formal en el país y facilita su retorno en caso de denegación de la petición de protección internacional.
La reforma de la ley de extranjería modifica materias que afectan a derechos fundamentales e incorpora la figura del triaje, es decir, el proceso de recogida de información de los migrantes que entran en España sin haber sido sometidos a los controles fronterizos.
Un control que incluye, según Grande-Marlaska, un reconocimiento médico, un examen de vulnerabilidad, la identificación, la toma de datos biométricos, una inspección de seguridad y la derivación al procedimiento adecuado en cada uno de los supuestos.
Aunque el reglamento europeo fija un plazo de hasta siete días para el triaje -obligatorio para los Estados miembros-, en España será de 72 horas, prorrogables solo por decisión judicial, para limitar al mínimo imprescindible el tiempo que el extranjero deba permanecer en las instalaciones policiales habilitadas para ello.
Grande-Marlaska garantizó que la reforma incorpora los preceptos del pacto europeo que impiden la entrada de personas que llegan de manera irregular y que no tienen derecho a protección internacional, con un procedimiento que tiene un plazo máximo de tramitación de doce semanas.