El miembro del Comité al que se encargó profundizar en el caso de Honduras, Saúl Vicente Vásquez, señaló en una rueda de prensa que también hay denuncias de acciones violentas perpetradas por compañías de seguridad y otros actores no estatales, relacionados con compañías que mantienen prolongados litigios en torno a territorios ancestrales de esos grupos.
Estas situaciones se dan en contextos en los que se acusa a las comunidades de usurpación, con el objetivo de criminalizar a sus miembros cuando ocupan o defienden sus tierras, sostiene la instancia de la ONU, en un documento que resume las conclusiones y recomendaciones que hace al Estado hondureño al término de un ejercicio en el que ha examinado su cumplimiento de la Convención Internacional contra la Discriminación Racial.
Honduras se ha sometido a esa revisión junto con otros países por haberle tocado el turno de participar en este procedimiento, en cumplimiento de sus obligaciones internacionales.
Entre las recomendaciones emitidas por el Comité para el país centroamericano destaca la de establecer una moratoria de desalojos hasta que se haya completado el reconocimiento, la regularización y la titulación colectiva de las tierras, territorios y recursos naturales de los pueblos indígenas y afrohondureños.
Asimismo, ha solicitado que las leyes relativas a la usurpación, la usurpación agravada y los desalojos preventivos sean derogadas o se ajusten a los compromisos internacionales de Honduras, y así evitar que se utilicen para criminalizar a estas comunidades o vulnerar sus derechos.
En esa misma línea, el Comité ha pedido que se revise la Ley de Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial para impedir que sea pretexto de desalojos, y que se abran consultas con las comunidades para establecer normas que garanticen su consentimiento previo respecto de cualquier medida que afecte a sus derechos, tierras, lugares sagrados y formas de vida tradicionales.
Considera que ese punto es particularmente importante cuando haya de por medio proyectos extractivos, agroindustriales, de infraestructura o de conservación ambiental.
Por otra parte, el Comité se refirió al elevado número de asesinatos, represalias, amenazas y actos de intimidación contra defensores de los derechos humanos, tanto por parte de agentes estatales como no estatales, incluido el crimen organizado o personas vinculadas a empresas que están en disputa con una comunidad.