El acusado, Kevin Odiwuor Otieno —conocido popularmente como “Kevin Ingeniero”—, compareció ante la magistrada principal Stephany Bett en los Tribunales de Makadara, en Nairobi, donde se declaró no culpable de los delitos de desprecio étnico, discurso de odio y conducta ofensiva propensa a causar una alteración del orden público.
Otieno fue detenido por agentes de la Dirección de Investigaciones Criminales (DCI) tras la difusión en redes sociales de un vídeo en el que realizaba declaraciones que incitaban al odio durante una reunión del foro ciudadano Bunge la Mwananchi, celebrada el pasado 6 de septiembre en un mitín en la capital keniana de Nairobi.
Según la Fiscalía, las declaraciones del procesado buscaban de forma deliberada "avivar sentimientos de desprecio, odio y hostilidad, e incitar a la violencia" contra los ciudadanos burundeses que viven y trabajan en Kenia.
Los fiscales del caso, Alex Gituma y Maureen Mwenesa, no se opusieron a la liberación bajo fianza del acusado, aunque solicitaron al tribunal tomar en consideración la gravedad de las imputaciones.
La jueza impuso a Otieno una fianza en efectivo de 150.000 chelines kenianos (unos 1.070 euros) o una caución de 300.000 chelines (unos 2.140 euros). La vista del caso fue programada para el próximo 28 de octubre.
Esta acusación se produce días después de que el presidente keniano, William Ruto, anunciara la semana pasada la prohibición del comercio minorista y la venta ambulante en manos foráneas para favorecer a la población nacional.
Una medida que surgió a raíz de un encuentro entre Ruto y comerciantes locales, que le expresaron preocupación por el aumento de ciudadanos extranjeros en negocios informales o a pequeña escala, así como por su impacto en los kenianos que dependen de estas actividades para subsistir.
Desde el pasado lunes, la Embajada de Burundi en Nairobi registra aglomeraciones de cientos de personas que acuden a solicitar documentos de viaje y pasaportes.
El presidente de Kenia vinculó su directiva con el Proyecto de Ley de Contenido Local de 2025, actualmente en trámite parlamentario y que pretende crear un marco regulatorio que restrinja determinadas actividades comerciales a la población nacional e imponga una cuota mínima del 60 % de provisiones y servicios de origen local.
Los críticos de Ruto le acusan de convertir a los extranjeros en chivos expiatorios de las dificultades económicas del país antes de las elecciones generales del próximo año, en las que está previsto que busque un segundo mandato.