"El Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana toma nota de la decisión del Gobierno de la República de Nicaragua de cerrar su embajada en Santo Domingo", señaló la institución en un breve comunicado.
El ministerio recordó que el pasado 23 de julio, su Gobierno llamó a consultas a la embajadora acreditada en Managua, decisión que se produjo entonces, según la Cancillería, "ante las recientes declaraciones de las autoridades nicaragüenses contrarias a los principios democráticos y las obligaciones asumidas en el marco del sistema interamericano".
La República Dominicana, agregó el comunicado, "continuará dando seguimiento a la evolución de las relaciones bilaterales, conforme a los canales y prácticas establecidos en el ámbito diplomático".
Las tensiones entre ambos países aumentaron el pasado julio cuando el Gobierno dominicano criticó las palabras del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, quien afirmó que en ese país "no volverán a haber elecciones".
La Cancillería de la República Dominicana condenó entonces "en los términos más enérgicos" las palabras de Ortega y aseguró que una declaración de esta naturaleza constituye un "abierto desconocimiento de los principios esenciales de la democracia representativa y del derecho del pueblo nicaragüense" a elegir libremente a sus gobernantes mediante elecciones periódicas, libres, justas, transparentes y plurales.
En respuesta, el Gobierno de Nicaragua criticó que el pueblo dominicana tuviera "voces vasallas y servidumbres vergonzosas instaladas en sus máximas instituciones".
"Resulta increíble, a estas alturas de la historia, que un pueblo valiente y digno, como el pueblo dominicano, que ha sufrido dictaduras, invasiones e intervenciones imperiales, tenga voces vasallas y servidumbres vergonzosas instaladas en sus máximas instituciones", indicó entonces el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua en un comunicado.
La Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua, controlada por el oficialismo sandinista, aprobó posteriormente en primera legislatura, de dos necesarias, una reforma parcial profunda a la Constitución Política que excluye de participar en cargos de elección popular a los opositores considerados "traidores a la patria" y amplía a siete años el mandato presidencial.
La enmienda constitucional, que está previsto que sea ratificada el 18 de enero de 2027 para entrar en vigor, busca afianzar aún más en el poder a los copresidentes nicaragüenses, Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Ortega, un exguerrillero sandinista de 80 años que gobierna el país desde 2007, es la persona que ha ostentado más tiempo el poder en Nicaragua, con 30 años. Coordinó una Junta de Gobierno de 1979 a 1985 y presidió por primera vez el país de 1985 a 1990.