El juez David O. Carter, del Distrito Central de California, consideró que la solicitud del Departamento de Justicia vulneraría la autonomía del estado para organizar sus propios comicios y pondría en riesgo el derecho al voto de los ciudadanos estadounidenses.
En su resolución, advirtió de que la medida podría privar de un derecho fundamental a miles de electores sobre la base de acusaciones inciertas y datos susceptibles de contener errores.
El Departamento de Justicia presentó la demanda el 15 de octubre después de identificar, junto con el Departamento de Seguridad Nacional, a más de 20.000 personas que considera posibles votantes no ciudadanos.
El Gobierno solicitó que las autoridades electorales apartaran sus papeletas y verificaran su ciudadanía antes de contabilizarlas, pero California cuestionó la fiabilidad de la lista y rechazó la petición.
La disputa se produce cuando el voto anticipado ya está en marcha. Las autoridades californianas advirtieron de que separar las papeletas identificadas sería difícil, puesto que los votos se desvinculan de los sobres con los datos de los electores durante el procesamiento, y podría generar retrasos e incertidumbre en el recuento.
El juez también alertó de que la medida podría desalentar la participación electoral y perjudicar a votantes con derecho a sufragio.
La disputa forma parte de los esfuerzos de la Administración republicana por aumentar la supervisión federal de los procesos electorales, a menos de una semana de los comicios legislativos del 3 de noviembre, en los que se renovará el Congreso.