La medida impide a los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y de la Patrulla Fronteriza aplicar la política de realizar detenciones basadas en estereotipos raciales, salvo en puertos de entrada, puestos de control u otros puntos fronterizos equivalentes.
"El hecho de que una persona identificada sea presuntamente de bajos ingresos o de clase trabajadora y latina, y el hecho de que una persona considerada para su detención sea presuntamente de bajos ingresos o de clase trabajadora y latina, no es suficiente, por sí solo, para generar sospecha razonable", señaló el documento judicial.
La orden responde a una demanda presentada el año pasado por la organización Unión Estadounidense por las Libertades Civiles del Sur de California (ACLU, por sus siglas en inglés) y otros grupos en defensa de los derechos humanos para exigir el fin de este tipo de paradas por parte de la Administración del presidente de EE.UU., Donald Trump.
A la demanda se incorporaron pruebas que indicaban que el Departamento de Seguridad Nacional, responsable de ICE y Patrulla Fronteriza, animaba a sus agentes a implementar estas prácticas.
"Ahora supervisaremos de cerca el cumplimiento de esta orden judicial para asegurarnos de poner fin de una vez por todas a este proyecto de represión migratoria racista", indicó en un escrito el director de derechos de los inmigrantes de la Fundación ACLU del Sur de California, Mohammad Tajsar.
El Departamento de Seguridad Nacional negó en varias ocasiones las acusaciones de discriminación racial durante sus operaciones, alegando que sus acciones se rigen con base en las aplicaciones de leyes e investigaciones basadas en hechos.
"La ley exige más que una simple suposición sobre la situación de una persona, y hoy el tribunal obligó al Gobierno a cumplirla. Nuestra comunidad luchó por esta protección y exigiremos que el gobierno la cumpla en cada calle y en cada lavadero de autos", agregó por su parte Flor Melendrez, directora ejecutiva de CLEAN Carwash Worker Center, miembro de la Red de Centros de Trabajadores de Los Ángeles y demandante en el caso.
Esta orden se emitió en medio del proceso de votación por correo y a menos de una semana de la jornada electoral por las elecciones de medio mandato del próximo 3 de noviembre, en los que los republicanos y el presidente estadounidense, Donald Trump, se juegan mantener sus exiguas mayorías en las dos Cámaras el Congreso .
La medida también se suma por parte de un juez de California, de la demanda del Gobierno de Trump de apartar más de 20.000 votos por correo en California para verificar la ciudadanía de los electores, al advertir de que la medida "causaría estragos" y alteraría unas elecciones que ya están en marcha.
Estas disputas forman parte de los esfuerzos de la Administración republicana por aumentar la supervisión federal de los procesos electorales a menos de una semana de los comicios legislativos.