Lee asumió la responsabilidad política de la tragedia y confirmó la dimisión de la secretaria de Vivienda, Winnie Ho, además de anunciar medidas legales, policiales y tecnológicas contra el amaño de licitaciones.
La auditoría de la comisión técnica señala directamente a la Unidad de Verificación, dependiente de dicha secretaría, como principal responsable de la falta de fiscalización estructural de las obras de renovación del inmueble.
El dictamen atribuye el desastre a fallos sistémicos, vacíos regulatorios y una falta de previsión generalizada, al tiempo que critica la rigidez burocrática y la confianza ciega en contratistas vinculados a las triadas. Esta falta de supervisión facilitó la vulneración de las normativas de seguridad vigentes.
Lee anunció una investigación administrativa de tres meses sobre cuatro organismos: la Unidad de Verificación Independiente y los departamentos de Edificios, Bomberos y Trabajo.
El informe definitivo del comité presidido por el juez David Lok, tras escuchar a 80 testigos en unas treinta audiencias, atribuyó la tragedia a seis fallos humanos durante la reforma del edificio.
Los peritajes detectaron mallas de andamio no ignífugas, paneles de poliestireno combustible en las ventanas, alarmas desactivadas, suministro cortado a las mangueras contra incendios y aberturas no autorizadas en las escaleras de emergencia.
El incendio comenzó el 26 de noviembre por colillas mal apagadas que prendieron la red de seguridad de los pisos inferiores.
En 85 minutos, las llamas se propagaron por siete de los ocho bloques residenciales.
Siete técnicos y dos contratistas del proyecto de renovación, valorado en 336 millones de dólares hongkoneses (42,8 millones de dólares estadounidenses), afrontan 25 cargos por homicidio involuntario, conspiración para defraudar, blanqueo de capitales y obstrucción a la justicia.
Para prevenir nuevas tragedias, el Ejecutivo impulsará reformas de tres paquetes legislativos destinadas a perseguir penalmente la colusión en las licitaciones de obras.
La Ordenanza de Competencia criminalizará la manipulación de concursos públicos y privados, especialmente en la renovación de edificios, desde la consultoría y el diseño hasta las obras, y endurecerá las penas por fijación fraudulenta de precios.
Las sanciones máximas alcanzarán 10 años de prisión y multas de 10 millones de dólares hongkoneses (1,28 millones de dólares estadounidenses), mientras que las empresas podrán afrontar multas equivalentes al triple de los beneficios ilícitos o al 50 % de sus operaciones globales.
El amaño de licitaciones se incorporará también a los delitos graves contemplados en la Ordenanza sobre Delincuencia Organizada y Delitos Graves.
Para aplicar las reformas, se creará un grupo de trabajo de la Policía, la Comisión Independiente contra la Corrupción (ICAC) y la Comisión de Competencia, ampliando las facultades de intervención de la primera.
El registro permanente de contratistas de seguridad contra incendios será sustituido por licencias renovables cada cinco años, con posibilidad de suspensión por negligencia.
El nuevo sistema incorporará una base de datos interdepartamental, inteligencia artificial para clasificar denuncias de alto riesgo y robots con cámaras térmicas para detectar fumadores en andamios y paralizar obras inseguras.