"Estamos disponibles para dialogar y negociar, pero la línea principal de actuación es el programa del Gobierno", afirmó el dirigente conservador en declaraciones a los periodistas durante una visita al municipio de Sátão, en el centro de Portugal.
Montenegro reprochó a las fuerzas de la oposición que proclamen su disposición a negociar, pero que después, al discutir medidas concretas, no cedan o apenas se aparten de sus posiciones iniciales.
"Para que haya apertura y disponibilidad, todos tienen que ceder. El Gobierno ha sido el socio que más ha cedido", sostuvo.
El primer ministro defendió que los partidos deben acudir a las conversaciones conscientes de que no será su proyecto el que prevalezca, porque, de lo contrario, serían ellos quienes estarían gobernando.
Precisó, no obstante, que eso no significa que la oposición tenga que aceptar sin más las ideas del Ejecutivo.
"Tenemos que acercarnos. Pero la línea principal, la idea más fuerte, si se quiere, de la solución tiene que ser la del Gobierno, porque, si no es la del Gobierno, está todo patas arriba", manifestó.
Montenegro explicó que había trasladado este planteamiento en la Asamblea de la República a Iniciativa Liberal (cuarta fuerza parlamentaria, con nueve diputados), pero precisó que el planteamiento es válido para el resto de la oposición.
Ante las protestas por las dificultades de acceso a la vivienda, el jefe del Gobierno reconoció el derecho de los ciudadanos a manifestarse y a discrepar de sus políticas, y aseguró que sabe escuchar y distinguir entre quienes participan en las movilizaciones.
"Sé ver y sé oír y, además, sé distinguir a los manifestantes, que no son todos iguales, que no piensan todos de la misma manera", afirmó, sin precisar a qué diferencias se refería.
Defendió que el Ejecutivo está actuando para aumentar la oferta y abaratar las casas mediante cambios en la contratación pública, una mayor rapidez de los procedimientos administrativos e incentivos fiscales a la construcción y a la compra.
Sin embargo, rechazó que los resultados puedan ser inmediatos: "No consigo recuperar diez años de desinversión en diez meses", argumentó Montenegro.
El primer ministro señaló que la inversión pública prevista podría alcanzar las 133.000 viviendas hasta 2030, destinadas a las personas con menos recursos, y defendió también la necesidad de estimular la promoción privada.
Según su planteamiento, una mayor oferta obligará a competir por los compradores, reducirá la especulación inmobiliaria y permitirá contener los precios o incluso bajarlos.
Montenegro vinculó además la respuesta al aumento del coste de la vida con la necesidad de mantener el equilibrio de las cuentas públicas, al argumentar que el Estado debe compatibilizar las ayudas a los ciudadanos con las inversiones en vivienda, educación, sanidad e infraestructuras.