En declaraciones previas a la vista, el prelado defendió su inocencia y afirmó que "un obispo no puede ser responsabilizado globalmente por los abusos cometidos por clérigos".
Asimismo, Jeż atribuyó la demora en la notificación a las autoridades a "la ambigüedad de las disposiciones penales y a la naturaleza específica de cada caso", y sostuvo que la curia actuó tan pronto como obtuvo certeza de que las víctimas eran menores de 15 años.
El fallo judicial de hoy impone a Jeż la retención del 25 % de su sueldo mensual que será destinado a la fundación "Dajemy Dzieciom Siłę" ("Damos fuerza a los niños"), junto con el pago de unos 2.300 euros al fondo estatal de ayuda a las víctimas.
La fiscalía solicitaba 10 meses de prisión suspendida, mientras la defensa pedía la absolución.
Los antecedentes del caso se remontan a hechos ocurridos entre 2017 y 2020, cuando al obispo llegó información creíble sobre abusos a menores perpetrados por dos clérigos diocesanos, Stanisław P. - acusado de agredir a decenas de chicos - y Tomasz K., a pesar de lo cual el obispo incumplió la ley al no informar sin demora a la fiscalía.
Este proceso sienta un precedente histórico en Polonia sobre la responsabilidad legal de la jerarquía eclesiástica.
El actual marco jurídico responde a la reforma del Código Penal aprobada en julio de 2017, la cual transformó la notificación de la pederastia de una obligación puramente social en un deber legal sancionable con hasta tres años de cárcel para quien no avise de inmediato a las autoridades.
Hasta esta resolución, ningún obispo polaco había sido condenado penalmente en la justicia ordinaria por encubrir delitos sexuales a menores.