En la capital, la jornada transcurrió con relativa calma durante la mañana, con una marcha estudiantil y el inicio de una acampada frente al Coliseo, que está previsto que se prolongue hasta el domingo.
Sin embargo, la situación se tensó a media tarde, cuando una columna de manifestantes procedente del barrio de Trastevere intentó superar el cordón policial para dirigirse hacia el Parlamento italiano.
Las fuerzas del orden repelieron la aproximación con escudos y efectuaron varias cargas para dispersar a la multitud congregada en el paso sobre el río Tíber.
El primer balance provisional de las autoridades situó en ocho el número de personas retenidas para su identificación y la realización de las diligencias pertinentes, según recogen medios locales.
Ante los intentos de aproximación al centro de poder político, las fuerzas de seguridad bloquearon los accesos a la Piazza Colonna, donde se ubica el Palacio Chigi (sede del Ejecutivo), y a la Piazza di Montecitorio, sede de la Cámara de los Diputados.
Los enfrentamientos se trasladaron posteriormente a la ribera del Tíber y al barrio de Testaccio, donde algunos manifestantes lanzaron botellas, petardos y objetos contundentes contra los agentes, que respondieron con cañones de agua a presión.
Las protestas se enmarcaron en una jornada de huelga convocada en todo el país por la Unione Sindacale di Base (USB), secundada principalmente por estudiantes, trabajadores del sector público y organizaciones por el derecho a la vivienda.
Según los datos del sindicato convocante, más de un millón y medio de personas participaron en las movilizaciones celebradas en todo el país, a la espera de que se publiquen datos oficiales.
En el ámbito educativo, el Ministerio de Educación y Mérito cifró el seguimiento provisional de la huelga en los centros escolares en un 7,57 %, según los datos correspondientes al 54,73 % de los centros contabilizados hasta las 17:00 hora local (16:00 GMT).
La jornada estuvo marcada por un importante despliegue de seguridad en la capital, en un contexto de especial tensión tras los episodios violentos registrados los pasados 17 y 18 de octubre en Milán, Turín y Bolonia.
Aquellos incidentes llevaron al Gobierno de Meloni a aprobar un decreto extraordinario en materia de seguridad y a desplegar 500 militares en apoyo de las fuerzas policiales.