Las reformas, impulsadas por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), que preside el mandatario hondureño, Nasry 'Tito' Asfura, fueron aprobadas esta semana por el Parlamento y buscan ampliar las herramientas del Estado contra las pandillas o maras, integradas por unos 40.000 jóvenes y adultos que controlan algunas áreas mediante asesinatos, extorsiones y amenazas, según las autoridades.
La Mara Salvatrucha (MS-13) y la Barrio 18 son las principales organizaciones de este tipo en el país, donde operan desde hace más de tres décadas y están vinculadas a buena parte de los homicidios, que sumaron 2.629 en 2025, según cifras oficiales.
El representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), Juan Carlos Monge, dijo a EFE que "el Estado tiene la obligación de responder" a la demanda de seguridad, pero "tiene que hacerlo con las reglas adecuadas" y conforme a las normas nacionales e internacionales.
Monge defendió así una política integral que combine la persecución del delito con la prevención de la violencia y la atención de sus causas estructurales.
Las reformas al Código Penal establecen penas de 30 a 40 años para integrantes de pandillas y hasta prisión perpetua para sus líderes y financiadores. También, fijan condenas de ocho a diez años por atentados contra la autoridad, y prisión de por vida por asesinatos de funcionarios de justicia y seguridad relacionados con sus cargos.
El paquete contempla prisión preventiva obligatoria por asociación terrorista, amplía de 24 a 48 horas el plazo para presentar ante un juez a detenidos por ese delito, narcotráfico, secuestro y extorsión, y crea una Fuerza Especial Penitenciaria. Además, establece controles biométricos y restricciones para los reclusos en módulos de máxima seguridad.
Estas medidas se suman a cuatro leyes del sistema de seguridad reformadas en septiembre pasado para reforzar el control penitenciario e impedir que las pandillas, declaradas "asociaciones terroristas", ordenen delitos desde las cárceles.
Monge expresó que las reformas podrían "desencadenar violaciones de los derechos humanos" y aumentar la presión sobre los sistemas judicial y penitenciario, y también llamó la atención sobre una estrategia centrada en capturar y encarcelar jóvenes sin atender a factores como la falta de empleo, educación y acceso a la salud.
Antes de ampliar la capacidad punitiva del Estado, señaló el funcionario de la ONU, es necesario definir una política criminal que identifique las principales amenazas, establezca prioridades y determine si las instituciones cuentan con recursos suficientes para atenderlas.
Por su parte, el especialista en criminalística, Gonzalo Sánchez, calificó de "más que necesarias" las reformas para combatir el crimen organizado y el narcotráfico, que representan un "problema grave" por el armamento que han acumulado, entre otros factores.
En declaraciones a EFE, Sánchez defendió el endurecimiento de las penas como herramienta contra las pandillas y afirmó que pueden aplicarse respetando las garantías individuales, siempre que exista supervisión de las actuaciones policiales y judiciales.
La estrategia hondureña incluye construir una cárcel de máxima seguridad para unos 1.300 presos de alta peligrosidad, inspirada en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador, cuyas instalaciones visitó a mediados de octubre una delegación encabezada por el presidente del Parlamento, Tomás Zambrano.
El Parlamento hondureño pidió a la Secretaría de Finanzas buscar financiación para la obra, mientras estudia posibles ubicaciones, entre ellas el complejo penitenciario de La Acequia, en el departamento de Santa Bárbara (oeste), cuyas obras comenzaron en 2013 y quedaron paralizadas en 2016.
Inaugurado en 2023 por el Gobierno de Nayib Bukele, el Cecot se ha convertido en un referente regional de la política de mano dura contra las pandillas y ha inspirado proyectos como la megacárcel para presos peligrosos que recién inauguró Costa Rica.