El mandatario ultraconservador, sin embargo, decidió mantener en el cargo al titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, pese a que a la oposición y sectores de la derecha oficialista piden desde hace días su salida del Ejecutivo.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos lleva en el punto de mira desde que la semana pasada se reveló que 56 condenados por abusos sexuales y pederastia se beneficiaron de una reducción de condena a través de diferentes decretos firmados por la cartera, entre marzo y septiembre de 2026.
La mayoría de los condenados quedaron en libertad, a los que se sumaron al menos dos procesados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
Silva, militante del ultraderechista Partido Republicano (PR) de Kast y exconvencional durante el segundo proceso constituyente de 2023, publicó en las últimas horas un video sin autorización en sus redes sociales para explicar la polémica, que habría molestado al gobernante, según medios locales.
La Presidencia chilena informó en un comunicado que Silva será reemplazado por la abogada Josefina Soto, vinculada al centro de pensamiento del PR y profesora en distintas universidades.
"Junto con darle la bienvenida a la nueva subsecretaria, el Gobierno agradece a Luis Alejandro Silva, por su trabajo y dedicación durante este tiempo en la Subsecretaría de Justicia", indicó el comunicado.
La oposición de izquierdas consideró "insuficiente" la salida del subsecretario y confirmó que presentará en los próximos días una solicitud de juicio político en el Parlamento contra Rabat, que en el pasado integró el equipo jurídico de Pinochet en varios juicios.
"Impresionante. Kast saca a Silva por que hizo un video sin avisar. Al parecer eso le importa más que tener a violadores y pederastas por las calles, porque Rabat bien tranquilo que sigue en su cargo", dijo en X la presidente del izquierdista Frente Amplio, Gael Yeomans.
Según la legislación chilena, Gendarmería (policía carcelaria) elabora listados con los criminales que cumplen con los requisitos para acceder a las rebajas de pena por buen comportamiento, documentos que luego son revisados por el ministerio y enviados a los tribunales para su tramitación o rechazo.
Desde 2022 existe una ley que excluye de este tipo de beneficios carcelarios a pederastas, pero no se puede aplicar de manera retroactiva y hay varios proyectos de ley en tramitación para solucionar este vacío.
Desde que estalló la controversia, Rabat ha defendido que cumplió con la ley y que no tenía otra opción que firmar los decretos, ya que la Corte Suprema siempre concede la rebaja de penas a los presos, independientemente del criterio de Justicia.
Distintos fallos publicados en medios locales contradicen la versión de Rabat.
En los mandatos del conservador Sebastián Piñera (2018-2022) y el progresista Gabriel Boric (2022-2026), el ministerio rechazó siempre las rebajas de pena a pederastas.
La polémica de las rebajas de pena ha hundido aún más la popularidad de Kast, que llegó en marzo al poder con la promesa de reactivar la economía y aplicar mano dura contra la delincuencia y la migración irregular.