"Panamá ha tenido una organización excelente que ha permitido que la comisión pueda realizar su trabajo de diálogo y escucha. Cuando (la CIDH) está cerca de la sociedad civil y los Estados, puede preguntar en terreno de primera mano sobre los temas, reenfocar su labor y ser más precisos", dijo a EFE el presidente de la CIDH, Edgar Stuardo Ralón Orellana.
La CIDH ha celebrado a lo largo de esta semana un total de 29 audiencias en la sede del Parlamento Latinoamericano (Parlatino), en Ciudad de Panamá, con salas repletas para recibir información de Estados, víctimas, personas defensoras y organizaciones de la sociedad civil.
Durante las sesiones se abordaron, entre otros casos y temas, la situación de las personas privadas de la libertad en El Salvador bajo el estado de excepción, donde, ante la ausencia del Estado, organizaciones sociales, relatores y comisionados mostraron escepticismo sobre el plan anunciado por Nayib Bukele para dar beneficios carcelarios al 50 % de los colaboradores de pandillas encarcelados.
En otra audiencia Estados Unidos rechazó los señalamientos de violaciones a la libertad de expresión y asociación de parte de organizaciones, que aseguran que los ataques son continuos en colegios y universidades del país norteamericano durante la primera y segunda administración de Donald Trump.
Además líderes indígenas y activistas denunciaron que la explotación de minerales críticos en América Latina se hace frecuentemente bajo acuerdos nacionales "a puerta cerrada" que generan riesgos vitales para las comunidades.
También destacaron audiencias sobre la situación de las personas LGBTIQ+ en Centroamérica, en las que organizaciones alertaron de un aumento de discursos de odio, y en otra se trató los obstáculos de acceso a anticonceptivos de emergencia en Honduras.
"Después de esas audiencias cada uno de los comisionados tiene sus encargos específicos. Nosotros estamos organizados por relatorías de país. Como hubo audiencias de distintos países, cada relator de país le da seguimiento a los temas", explicó Ralón Orellana.
Las sesiones concluyeron este viernes con el análisis del caso de Colombia sobre Eudaldo León Díaz Salgado, un alcalde de una localidad norteña que fue hallado muerto el 10 de abril de 2003, unos dos meses después de que él mismo advirtiera ante el expresidente Álvaro Uribe de que iba a ser asesinado por orden de “dirigentes políticos” de esa zona.
Y el caso de Paraguay sobre el expresidente Fernando Armindo Lugo Jiménez, destituido de su cargo en 2012 mediante un juicio político que la CIDH consideró arbitrario y sumario, en violación de derechos humanos reconocidos en la Convención Americana. EFE