"Voy a mandar el informe escrito (al Legislativo) para cumplir con la fecha", dijo el mandatario durante un acto en el antiguo Palacio de Gobierno, en La Paz.
La Constitución vigente desde 2009 establece que el presidente debe presentar anualmente al Parlamento un "informe escrito" referente al "curso y estado de la Administración Pública", al inicio de cada año legislativo.
Durante el Gobierno de Evo Morales (2006-2019), el citado informe se presentó cada 22 de enero, porque esa fue la fecha elegida por el entonces mandatario para su primera investidura en 2006.
Tras las elecciones generales de 2020, Luis Arce (2020-2025) fue investido el 8 de noviembre, por lo que la fecha de presentación del informe cambió a ese mes.
Morales siempre presentó sus informes por escrito y de forma oral ante el Legislativo.
En 2024, Arce entregó el suyo de forma escrita y no pudo comparecer ante el Parlamento por incidentes entre parlamentarios del entonces oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), que se fragmentó por diferencias entre el entonces presidente y Morales.
Paz señaló que recibió una invitación del Legislativo para ofrecer el mencionado informe presencialmente, pero explicó que considera que eso debe hacerse el 6 de agosto, día de la independencia de Bolivia.
El presidente remarcó que en primera instancia enviará el informe escrito y que después, tras una coordinación, podría hacerlo personalmente, debido a su viaje a Europa.
Paz asistirá a la Cumbre Iberoamericana que se realizará en Madrid el 4 y 5 de noviembre, y luego a la Conferencia de las Naciones Unidas contra el Cambio Climático (COP31) en la ciudad turca de Antalya, que se desarrollará entre el 9 y el 20 del próximo mes, lo que coincide con su primer año de Gobierno.
Durante su primer año de gestión, Paz buscó solucionar la escasez de combustibles y conseguir financiamiento externo para lograr la estabilidad macroeconómica y para proyectos de desarrollo.
También adoptó medidas como el levantamiento del subsidio al diésel y el paso del tipo de cambio fijo a una modalidad flexible, que han sido cuestionadas por algunos sindicatos y organizaciones sociales afines a Evo Morales.
Desde agosto, ha estado en la mira la relación del Gobierno de Paz con el consultor político argentino Fernando Cerimedo, quien afronta al menos cuatro causas penales en Bolivia y está encarcelado preventivamente en dos de ellas, por presunta tentativa de feminicidio contra su expareja y por supuesto enriquecimiento ilícito.