El juez Peter Olsen del Tribunal Superior de KwaZulu-Natal respondió a una solicitud urgente presentada por la policía para frenar posibles protestas violentas, según recogen medios locales.
La medida judicial prohíbe además a los manifestantes portar armas y cubrirse el rostro con máscaras, y advierte contra los saqueos, la destrucción de propiedades y los incendios provocados en viviendas.
Las restricciones también impiden que el movimiento se acerque a zonas electorales o de votación para evitar obstrucciones durante el periodo de elecciones municipales que se celebrarán el 4 de noviembre próximo.
La cautelar estará vigente hasta el próximo 18 de enero, fecha en la que las partes volverán a comparecer ante el tribunal.
Anteriormente, el ministro en funciones de Policía, Firoz Cachalia, había pedido a la justicia sudafricana que prohibiera por completo las marchas tras los episodios xenófobos y las protestas violentas de las últimas semanas.
Sin embargo, la Constitución de Sudáfrica protege el derecho a la manifestación pacífica, por lo que la justicia optó por imponer restricciones estrictas en lugar de una prohibición total.
El martes pasado, el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, anunció el despliegue de 510 militares en Durban, tras disturbios que dejaron un inmigrante muerto, negocios saqueados y vehículos quemados.
Ramaphosa achacó estos actos violentos a una "campaña de desinformación" relacionada con una sentencia del Tribunal Constitucional relativa a la Ley de Refugiados, que permite a los solicitantes de asilo acceder al proceso de solicitud independientemente de cómo hayan entrado en Sudáfrica.
Grupos antiinmigración culpan a los migrantes de los problemas económicos, las deficiencias en los servicios públicos y las altas tasas de criminalidad en Sudáfrica e incluso han llegado a impedirles el acceso a la atención sanitaria y a la educación en centros públicos.
Más de 260.000 ciudadanos de Zimbabue, Malaui, Ghana, Mozambique, Nigeria, Kenia, Uganda, Tanzania y la República Democrática del Congo (RDC) fueron repatriados a sus países en los últimos meses frente a esa violencia, según datos oficiales de los respectivos gobiernos.
Las tensiones xenófobas son un problema recurrente en Sudáfrica y, en los últimos años, han provocado oleadas de violencia que se han saldado con decenas de muertes, especialmente en barrios vulnerables.