El proyecto de Ley de cuidados paliativos, muerte digna y eutanasia es promovido por el diputado Diego Brañez, de la fuerza APB-Súmate, y ha cobrado relevancia por el caso de Aldrin Ichuta, un joven que hace tres años fue diagnosticado con osteosarcoma y que pidió públicamente que se legalice la eutanasia.
Aldrin, de 20 años, está actualmente ingresado en un hospital de la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, con "pronóstico reservado", ya que el cáncer, que comenzó en una de sus rodillas, se extendió a otras partes del cuerpo, contó a EFE su padre, Edwin Ichuta.
El área de oncología del ese hospital no tiene tomógrafos, ni radioterapia, por lo que cuando Aldrin requiere esos servicios debe trasladarse unos 12 kilómetros hasta La Paz en una ambulancia, a veces compartida con otros pacientes, "y ahí es donde el enfermo sufre bastante", explicó su padre.
Si bien una ley vigente desde 2019 incorporó los cuidados paliativos a la atención del cáncer, su cobertura no es plena y no incluye a otras enfermedades graves.
Además, el código penal establece penas de uno a tres años de cárcel para el llamado "homicidio piadoso" aplicado para acelerar "una muerte inminente" o "poner fin" a "graves padecimientos" que sean incurables.
El diputado Brañez dijo a EFE que la eutanasia en Bolivia "existe de forma ilegal, en un mercado negro con profesionales" que llegan del exterior para practicarla.
También advirtió sobre "la mal llamada eutanasia para los pobres", que ocurre cuando en los hospitales envían a los enfermos "a morir a sus casas porque no tienen medicamentos" o personal suficiente para atenderlos.
Ante esta situación, Brañez planteó el proyecto que propone crear un Sistema Nacional de Cuidados Paliativos "universal, gratuito, oportuno y de calidad" para quienes padezcan enfermedades incurables o padecimientos crónicos irreversibles.
El texto define la eutanasia como un procedimiento "médico clínico directo intencional" que se aplicará "a petición expresa, voluntaria y reiterada de un paciente" para "terminar con un sufrimiento físico o psíquico intolerable y refractario" que derive de una condición "irreversible".
Para acceder al procedimiento, el proyecto establece una serie de requisitos, como el no lograr alivio suficiente mediante los cuidados paliativos y un dictamen psicológico que verifique el consentimiento del paciente "y descarte" cualquier coacción.
En un periodo de "reflexión" de 15 días, el paciente deberá "reconfirmar" su solicitud, con la posibilidad de aplazar o "desistir" de la misma en cualquier momento.
La verificación de los antecedentes estará a cargo de un comité interdisciplinario integrado por al menos cinco profesionales.
El proyecto también propone incorporar al Código Penal un parágrafo que exima de responsabilidades civiles, administrativas o penales al personal de salud que intervenga en un procedimiento legal de eutanasia.
"Con esto no solamente queremos garantizar que el paciente pueda tener una despedida piadosa y digna, sino también que el profesional pueda estar seguro del trabajo que está realizando y que no tenga problemas" legales, señaló Brañez.
La iniciativa también reconoce al personal sanitario el derecho a la objeción de conciencia, que deberá manifestarse por escrito y de forma anticipada. Sin embargo, ningún establecimiento de salud podrá invocar la objeción de conciencia institucional.
Edwin Ichuta indicó que él y la madre de Aldrin respetan el pedido de su hijo "por la situación que está atravesando", pero no lo aceptan por la "fe" que profesan. "Dios nos ha dado la vida y tampoco podemos pedir que Dios nos quite la vida", agregó.
La diputada Milka Rojas, del oficialista Partido Demócrata Cristiano (PDC), también expresó su rechazo al proyecto al considerar que la eutanasia "es un asesinato" y que "el único que debería decidir sobre la vida o la muerte es Dios".
Por su parte, la Iglesia católica manifestó que "legalizar o normalizar la eutanasia debilita el tejido social y presiona, de forma directa o indirecta, a los más enfermos, ancianos y vulnerables, haciéndoles sentir que su vida ha perdido valor".
La Iglesia defendió "firmemente la promoción y el acceso a los cuidados paliativos", que, según señaló, "alivian eficazmente el dolor físico, respetan el proceso natural de la muerte y cubren las necesidades emocionales y espirituales del enfermo y de su familia".
El tratamiento legislativo del proyecto, que debía comenzar la semana pasada, fue aplazado para dar más tiempo a su socialización.
Brañez sostuvo que lo único que se pide "es que cada quien pueda vivir según su fe, religión y creencias" y que no se obligue a una "persona que está sufriendo a seguir sufriendo" por "un dogma".