El fallo se refiere a una decisión emitida el año pasado por un tribunal inferior en el caso conocido como ‘National TPS Alliance contra Mullin’, que determinó que la entonces secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, excedió su autoridad al anular una extensión del TPS previamente otorgada a Venezuela.
En vez de extender el beneficio, que protege de la deportación a los inmigrantes y les otorga permisos de trabajo, Noem puso fin a la designación del TPS para ese país suramericano.
La Alianza Nacional TPS (National TPS Alliance, en inglés) demandó al Gobierno Trump por poner fin al programa, logrando que un juez federal se pusiera del lado de los inmigrantes.
Sin embargo, el Ejecutivo recurrió a la Corte Suprema que autorizó temporalmente la suspensión del beneficio. Dicha suspensión expirará el próximo viernes 6 de noviembre.
“El fallo del Noveno Circuito implica que, a menos que la Corte Suprema intervenga nuevamente, cientos de miles de venezolanos a quienes se les retiró el TPS verían restablecido su estatus el 6 de noviembre, mientras continúa el litigio que impugna la anulación y la terminación de dicho beneficio”, explicaron en un comunicado los abogados de los demandantes.
Las pruebas presentadas ante el Noveno Circuito incluyeron declaraciones de venezolanos beneficiarios del TPS afectados por la terminación del amparo, como el de Carlos Sánchez Villa, que fue deportado a Liberia tras perder el beneficio.
"Fue como algo sacado de una película de terror; pero, lamentablemente, para mí fue real", dijo en la declaración el venezolano.
Los demandantes están representados por la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), las fundaciones de la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles (ACLU) del norte y del sur de California, el Miñana Family Center for Immigration Law and Policy de la Universidad de California Los Ángeles (Miñana Center) y la Haitian Bridge Alliance (HBA).
"Ante el ataque brutal de esta administración, la victoria de hoy renueva nuestras fuerzas para luchar por los derechos conquistados por generaciones anteriores de inmigrantes: poder vivir y trabajar sin miedo en el lugar al que llamamos hogar", señaló en un comunicado José Palma, coordinador de la Alianza Nacional del TPS.
Por su parte, Ahilan Arulanantham, abogado de los demandantes y codirector en el Centro Miñana, dijo que tras el fallo esperan que la Administración “reconozca su error” y, de no ser así, “que la Corte Suprema defienda el estado de derecho manteniendo intacta” decisión del tribunal de distrito.