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El homicidio ocurre en medio de una oleada de crímenes contra líderes sociales en el país, que según la Defensoría del Pueblo (ombudsman) ha acabado con la vida de 199 activistas en los últimos 22 meses. Aulio Isarama Forastero, gobernador del resguardo Catru Dubaza Ancoso del Alto Baudó, en el selvático departamento de Chocó, fue asesinado la noche del martes, informó este miércoles la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) .
El gobernador “se encontraba realizando las actividades en su comunidad cuando aproximadamente cinco hombres armados identificados con prendas del ELN, del frente Resistencia Cimarrón, lo intimidan y se lo llevan bajo engaño, diciendo que van a hablar con los jefes de ellos”, indicó la ONIC en un comunicado.
“Alrededor de dos horas después (cerca de las 19:00 locales), la comunidad escucha varios tiros, a lo que creen fue en ese momento cuando acabaron con la vida de la autoridad indígena. Posteriormente, este grupo armado envía la razón a la comunidad, que pueden ir a reclamar el cuerpo”, agregó.
Por el homicidio, el gobierno colombiano solicitó a la ONU, que junto a la Iglesia católica verifica el cese al fuego bilateral entrado en vigor el 1 de octubre en el marco de las negociaciones de paz en Quito, desplegar observadores “para verificar los hechos”.
Hasta el momento, el gobierno ha dado parte de cumplimiento de la tregua, que finaliza el 9 de enero, por lo que en caso de comprobarse la autoría del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en este caso, sería la primera violación.
“Muy grave asesinato del gobernador indígena del Chocó; ojalá este crimen se esclarezca pronto y se identifiquen responsables pronto”, escribió el jefe del equipo negociador del gobierno con el ELN, Juan Camilo Restrepo, en Twitter.
En un audio enviado a periodistas, la guerrilla guevarista dijo que investiga internamente la muerte de Isarama, que fue condenada por la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la misión de apoyo al proceso de paz de la Organización de Estados Americanos.
Investigan el crimen
La policía indicó en un boletín que, según versiones de las comunidades, el gobernador había recibido “amenazas recientes” y que las autoridades investigan el crimen. El ELN, con unos 1.500 combatientes según cálculos oficiales, tiene en el Chocó, el departamento más pobre del país, uno de sus principales centros de operación.
La ONIC sostuvo que en este departamento el ELN “no ha cesado” las actividades armadas desde el inicio del cese al fuego. Entre ellas mencionó la siembra de minas antipersonas, reclutamiento forzado y amenazas al territorio indígena, además del secuestro el 7 de octubre del docente aborigen Jhon Eriberto Isarama.
Según analistas y autoridades, esta zona se la disputan el ELN, organizaciones narcotraficantes y remanentes de los grupos paramilitares de ultraderecha desmovilizados en 2006 por su ubicación estratégica para el tráfico de drogas y la minería ilegal.
Con los diálogos con el ELN el gobierno busca la “paz completa” tras la firma de un pacto con las FARC, que fuera la guerrilla más poderosa de América y ahora está desarmada y convertida en partido político, para superar medio siglo de conflicto armado.
Además del ELN, en Colombia operan bandas criminales de origen paramilitar, disidencias de las FARC y narcotraficantes.