“Mientras los países europeos muestran una penetración media de 30 líneas de banda ancha instaladas por cada 100 habitantes, los países de América Latina y el Caribe alcanzan de media solamente un tercio de esa cantidad”, señala un reporte del Banco Interamericano para el Desarrollo.
Se calcula que un aumento del 10% en la penetración de servicios de banda ancha en la región determinaría un incremento medio del 3,2% del producto interno bruto (PIB) y un aumento de la productividad de 2,6 puntos porcentuales.
En la propia región de Latinoamérica y el Caribe se observan numerosas disparidades, con países como Barbados, Uruguay y Trinidad y Tobago con niveles de penetración de líneas fijas cercanos a los de los países avanzados.
En contraste, Haití, Paraguay y Nicaragua ocupan posiciones muy bajas dentro del ranking global, con menos de una o dos líneas por cada 100 habitantes.
En los últimos cinco años Uruguay, Trinidad y Tobago, México, Panamá, Costa Rica, Colombia y la República Dominicana son los que más han avanzado, de acuerdo con el estudio.
Como elemento alentador y que explica la creciente demanda, las ventas de teléfonos inteligentes ("smartphones") en la región se vieron incrementadas un 117% en 2010 y se espera que la tendencia siga al alza.
Asimismo, las diferencias no sólo se dan en términos de penetración, sino también en los precios de acceso.
Venezuela, Brasil y Uruguay cuentan con las tarifas más baratas, mientras que Honduras, Belice y Haití se encuentran entre las más caras del continente.
Estos datos están recogidos en el reporte “La Banda Ancha como catalizador del desarrollo económico y social en los países de América Latina y el Caribe”, coordinado por el especialista español Antonio García Zaballos.
El estudio señala que la mejora de la conectividad en la región latinoamericana mejoraría la competitividad de pequeñas y medianas empresas y permitiría a su vez servicios públicos más eficientes especialmente en las áreas de salud y educación.
Para aumentar esta conectividad, el estudio del BID recomienda a los Gobiernos de la región reducir los impuestos especiales a las telecomunicaciones, establecer marcos regulatorios para el sector sostenibles y un sistema de licencias común para internet, televisión y telefonía.