El reporte “Guatemala en la encrucijada. Panorama de una violencia transformada”, que analiza los hechos de violencia registrados en esta nación en los últimos cinco años, en base a datos oficiales, señala que cada año, en promedio, ese flagelo le cuesta al país 17.900 millones de quetzales (unos 2.295 millones de dólares).
Esa cifra equivale al 7,3% del PIB anual y, según el estudio, el mayor gasto que ocasiona la violencia está relacionado con la atención en salud médica que se presta a las víctimas, así como con la seguridad privada y la reducción de las inversiones.
El informe precisa que en los últimos dos años la cifras de homicidios tuvieron importantes caídas, del 8% en 2010 y del 5% en 2011, respecto a los años anteriores, pero las estadísticas siguen siendo alarmantes, ya que durante el año pasado en Guatemala cada día murieron de forma violenta un promedio de 15,5 personas.
La tasa de 39 homicidios por cada 100.000 habitantes que promedia el país supera “ampliamente” a la de 7,6 muertes violentas por igual cantidad de habitantes que se registra a nivel mundial, y a la de 29 casos registrados en la región centroamericana el año pasado.
En el documento se identifica a las pandillas juveniles, narcotraficantes y “los poderes ocultos y grupos clandestinos” como los principales promotores de los hechos de violencia, y se reconoce que las acciones emprendidas por el Gobierno para reducir la violencia forman parte de sus políticas de desarrollo.
La mayor cantidad de asesinatos se registra en los departamentos ubicados en las zonas fronterizas del país, donde operan los grupos internacionales del narcotráfico, detalla el estudio.
“Las armas de fuego siguen siendo el principal instrumento con el que se ejerce la violencia letal en Guatemala. Incluso, la participación de las armas de fuego en la comisión de homicidios en Guatemala es más alta que a nivel mundial y en la subregión”, precisa el informe.
Otras manifestaciones de violencia, como el femicidio, los linchamientos, la limpieza social y los conflictos por la tierra “se perpetúan, en parte, por la ausencia y debilidad institucional para garantizar seguridad y justicia en todo el territorio guatemalteco”, añade.