Transfieren presos peligrosos de estado brasileño que sufre ola de violencia

RÍO DE JANEIRO. Veinte presos considerados peligrosos y acusados de liderar organizaciones criminales fueron trasladados hoy a un presidio de máxima seguridad desde las cárceles en que estaban en Ceará, el estado brasileño que vive una ola de violencia.

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 La transferencia de los presos fue solicitada por el gobernador de Ceará, Camilo Santana, que atribuye los 185 ataques incendiarios, vandálicos o a balazos que se han registrado desde el miércoles de la semana pasada en ese estado del nordeste brasileño a una reacción de los presos al anuncio que hizo de aumentar el control en las prisiones.

Los jefes de las organizaciones criminales que actúan en Ceará fueron transferidos a la Penitenciaría de Mossoró, un presidio de máxima seguridad administrado por el Gobierno federal de Brasil en el estado de Río Grande do Norte, igualmente en el nordeste del país, informó hoy el Ministerio de Justicia.

La transferencia fue realizada la madrugada de este miércoles en medio de estrictas medidas de seguridad para evitar un intento de rescate de los presos.

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De acuerdo con el Ministerio de Justicia, los presos recluidos hoy en la Penitenciaría de Mosssoró podrán ser transferidos a los otros cuatro presidios federales de máxima seguridad del país para abrir cupos a nuevos reclusos que la gobernación de Ceará quiera retirar de su jurisdicción por motivos de seguridad.

Desde que comenzó la ola de violencia supuestamente ordenada por los líderes de las organizaciones criminales en las prisiones, al menos 168 personas han sido detenidas y tres murieron en operaciones policiales.

Además de ofrecer cupos en penitenciarías federales para los presos acusados de ordenar los ataques, el Gobierno del presidente brasileño, el ultraderechista Jair Bolsonaro, también ha enviado a Ceará a 406 miembros de la Fuerza Nacional de Seguridad como refuerzos para ayudar a mantener el orden público.

La violencia en Ceará se ha convertido en el primer desafío en seguridad pública para Bolsonaro, que asumió la presidencia el 1 de enero pasado y una de cuyas promesas de campaña fue endurecer en el combate a la criminalidad y frenar la violencia que provoca cerca de 60.000 muertes al año en Brasil.

Según las autoridades de Ceará, los ataques contra edificaciones públicas, autobuses y agencias bancarias fueron ordenados desde el interior de las cárceles, dominadas por bandas criminales como en otras regiones del país.

De acuerdo con las investigaciones, los ataques comenzaron poco después de que el Gobierno de Ceará anunciara medidas para endurecer los controles en los presidios y para reprimir las actividades ilegales que coordinan los jefes de esas bandas desde el interior de las prisiones. 

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