Renfe SA fue beneficiada en los últimos ocho años con 15 contratos con entidades públicas, que suman G. 3.200 millones, de acuerdo a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). Figura como dueña y representante legal Andrea Carolina Aranda Duarte (32), conocida en el mundo de la farándula vernácula como Andy Duarte.
La mujer tiene antecedentes de usar documentos con indicios fraudulentos para ganar contratos con el Estado. En junio de 2018, se había presentado a una licitación de la Cancillería para mantenimiento de ascensores y uno de los requisitos era haber ejecutado al menos tres contratos de este servicio en los últimos tres años. Pero el Comité de Evaluación eliminó la oferta, ya que detectó que las facturas que llevó Andy Duarte para justificar varios contratos anteriores tenían números de timbrado que no correspondían a los números de RUC, según se puede leer en el acta de evaluación (lea al documento aquí) que está disponible en el portal de la DNCP. Se presume que se trataba de una falsificación para simular contratos y movimientos financieros que buscaban maquillar la experiencia requerida en las adjudicaciones.
Ocurrió lo mismo en dos llamados de la Copaco, uno de junio de 2018 (que quedó desierto) y la segunda convocatoria en diciembre. Se descalificó a Renfe SA porque las “facturas no tienen validez o no pudieron haber sido expedidas con validez”, señala el primer dictamen del Comité de Evaluación. El mismo argumento se usó en el segundo informe de evaluación (acceda al documento aquí), también publicado por Contrataciones Públicas.
Si bien hay actividades que datan de 2010, Renfe SA reinició operaciones con instituciones públicas en 2017, ya con Andy Duarte a la cabeza. Fue luego de que Sertec SA, la empresa del peruano Rafael Eduardo González Thorne (39) -quien se presentó como su esposo-, fuera inhabilitada por la DNCP por incumplimiento de contrato y por dar información falsa. Sin embargo, ésto no fue impedimento para que siguiera facturando al Estado, aunque la firma cuya representante legal es ahora de su presunta pareja (que sería una fachada de la sancionada Sertec SA) no tenía la experiencia mínima requerida para ganar las licitaciones.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Investigan “autocertificado” con indicios de fraude
Contrataciones Públicas investiga la presentación de un certificado de fabricante presuntamente falso, confirmó la directora jurídica del ente, María Eugenia Otazo. En diciembre pasado, Andy Duarte firmó contrato con el Congreso para la provisión e instalación de ascensores, pero se rescindió porque no fue posible contactar a la fábrica argentina que supuestamente expidió el documento, indica una resolución (lea el documento aquí) firmada por el entonces presidente del Senado, Silvio “Beto” Ovelar y que se encuentra en la web de la DNCP.
En los documentos de la licitación se puede apreciar que la modelo declaró que el Grupo Sertec SRL de Argentina fabricaba insumos de ascensores y ella tenía la autorización para venderlos en Paraguay. De acuerdo a la consulta de edictos en el Boletín Oficial de la República Argentina, esta firma la fundó el mismo Rafael González Thorne junto a su esposa Milba Nelly Martínez (37) en 2014 en Buenos Aires. Sin embargo, no figura en la guía de industria ni pudimos comprobar que sea una fábrica activa; no tiene tampoco redes sociales, página web ni aparece al goglear o buscar en los mapas de Google.
Además, la modelo declaró que la sucursal paraguaya de la fábrica es, precisamente, Sertec SA de Rafael González. A los responsables del departamento de Proyectos y Obras del Congreso les llamó la atención algunos aspectos técnicos de los ascensores e intentaron contactar con el fabricante y luego con la agencia. No pudieron dar con los números de teléfonos ofrecidos.
Le pidieron a Renfe SA otros contactos y acudió a una reunión Rafael González Thorne, quien en esa oportunidad se presentó como gerente general de la empresa y “esposo” de Andrea Duarte, según se lee también en la resolución de rescisión que relata las irregularidades.
En ningún momento de la reunión ni en otras comunicaciones formales, González Thorne se animó a aclarar que él es el dueño de la supuesta fábrica en Argentina y de la sucursal en Paraguay y era precisamente con él con quien intentaban contactar los técnicos del Congreso. Es por ello que se sospecha que el certificado de fabricante también habría sido falsificado o simulado para poder ganar el concurso de ofertas.
Según fuentes, el último matrimonio del hombre es con Milba Martínez, en tanto de Andrea Aranda (Andy Duarte) figura como soltera en el Registro Civil.
“Si no hubo sumario, es porque no hay irregularidades”
En comunicación con ABC Color, Andy Duarte -quien es la que firma los contratos- pidió que traslademos la consulta de las facturas falsificadas al equipo de administración de la empresa. Nos devolvió la llamada Rafael González Thorne, quien se presentó como presidente de Renfe SA y recalcó que Andrea Duarte es la presidenta del directorio, y no su esposa ni pareja.
En una primer entrevista afirmó que no tenía por qué dar explicaciones de ningún proceso licitatorio, ya que todas las documentaciones están en la página de Internet de Contrataciones Públicas. Luego indicó que la política de la empresa es no brindar información vía telefónica.
Finalmente, tras insistir y consultarle por qué presentaron facturas cuyos números de timbrados no coincidían con los del RUC, no respondió directamente. Se limitó a decir que si realmente se hubiesen detectado irregularidades, se habría denunciado ante la DNCP y se hubiera abierto un sumario contra la empresa.
En otra entrevista, preguntado sobre el certificado de fabricante, sostuvo que sí hay en Argentina un Grupo Sertec SA que fabrica piezas de ascensores y que no se trata de una empresa fantasma como se presume. Le pedimos datos como dirección, página web o teléfono de la fábrica y nos indicó que el grupo empresarial no cuenta con una portal en Internet ni perfiles en las redes sociales.
Quedó en facilitarnos contactos (hasta el momento no lo hizo) y nos dio una dirección: Av. Scalabrini Ortiz 2369. Nunca nos aclaró que él es el dueño de la supuesta fábrica de Argentina, dato que averiguamos después de esta última comunicación con el empresario. La dirección que nos proporcionó es justamente el domicilio declarado en la constitución del Grupo Sertec por el propio Rafael González Thorne, siempre según los datos que publica el Boletín Oficial de la República Argentina, el órgano de difusión de los decretos y las leyes del vecino país.
También negó que en la reunión que mantuvo con funcionarios del Congreso se haya presentado como esposo de Andy Duarte.
Convocantes no denunciaron irregularidades
Después de darse a conocer el uso de facturas y el certificado presuntamente falsos, Andy Duarte obtuvo siete adjudicaciones que suman casi G. 840 millones, incluida una con Contrataciones Públicas. Se suman instituciones como la Circunscripción Judicial de Ñeembucú, la Municipalidad de San Lorenzo, el Ministerio de Salud y el Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción (UNA). El último es de julio pasado por G. 600 millones con el Registro del Estado Civil (REC) y el contrato ya se firmó, aunque no se inicia el servicio porque falta el visto bueno de la DNCP debido a una protesta, reconoció el director general del REC, Luis Esquivel.
La directora jurídica de Contrataciones Públicas explicó que se investiga de oficio solo las causas de la rescisión de la adjudicación del Congreso, pues para estos casos se tiene un mecanismo de alerta. Estimó que el resultado del sumario se tendría ya para los próximos meses.
Pero en lo que respecta a las facturas falsas, María Eugenia Otazo aclaró que la DNCP no analiza todas las documentaciones que remiten las instituciones públicas convocantes, pues el ente se limita a hacer pública la información. Remarcó que lo que corresponde es que, cuando los comités de evaluación detectan irregularidades, la convocante eleve una denuncia a Contrataciones Públicas para que se abra un sumario.
Matrimonio Sertec-Renfe
Renfe SA también es proveedora de la Municipalidad de Asunción, el TSJE, la Dinac y el Ministerio de Educación. En tanto que Sertec SA fue adjudicada, entre 2014 y 2017, con 26 contratos con el Estado por G. 5.280 millones, según datos de la DNCP.
En el portal web del ente de control se informa que la empresa de Rafael González Thorne fue sancionada en tres procesos y suspendida en octubre de 2017, inhabilitación que expiró ya en noviembre del año pasado. En los tres sumarios se determinó que incumplió el contrato y ocasionó daños o perjuicios a las instituciones públicas convocantes, entre ellas el Instituto de Previsión Social (IPS).
Nota relacionada: IPS compró ascensores para hospital inconcluso
En uno de estos sumarios se comprobó, además, que Sertec SA proporcionó información falsa con dolo o mala fe.
Empresa con mismo nombre demanda por usurpación
Según los datos a los que accedimos, el empresario era socio en Sertec SA de Perú, una firma del rubro de los ascensores y por ello le puso ese mismo nombre a sus firmas en Paraguay y en Argentina. Igualmente, en nuestro país existe un consorcio Sertec SRL con mas de 18 años de trabajo dedicado a la protección de descargas atmosféricas e instalación de pararrayos y otros rubros del campo electromecánico. Esta empresa demandó a Sertec SA de Rafael González Thorne por usurpación de marca.
Además de dejar en claro y remarcar que ambas no tienen ningún tipo de vínculo, uno de sus directivos, Armando Chifarelli, contó a ABC Color que la homonimia les causa problemas. Relató que constantemente reciben llamados e intimaciones para pago de deudas de Rafael González Thorne, por incumplimientos de contrato y reclamos de cheques sin fondo, entre otras molestias.