La magistrada Garcete ya había blanqueado en dos ocasiones al senador en procesos por presunta usurpación de funciones. El senador igualmente había usado una de esas desestimaciones para pedir la imputación de concejales que cuestionaban la administración de su esposa, Sandra McLeod.
El 11 de marzo pasado, la Fiscalía Anticorrupción había imputado a Zacarías Irún como instigador del desvío de G. 2.174 millones del presupuesto para publicidad de la Municipalidad de Ciudad del Este. Este monto fue destinado a una campaña electoral, y a miembros de su familia en 2015 y 2017. Además, la Fiscalía pidió la prisión preventiva del senador al constatar que ordenaba a coimputados la destrucción de evidencias para obstaculizar la investigación.
En la misma causa fue procesada la exintendenta Sandra McLeod de Zacarías. Igualmente, fueron imputados David Espínola, exdirector de Finanzas de la Municipalidad; Juan Sanabria, exjefe de Prensa; Carlos Bordón Bottino, dueño de la empresa de maletín Frontera Producciones, empleada en el esquema corrupto; Dora Rojas Espínola, ex funcionaria municipal, y sus hermanos Gustavo Adolfo, Olga Beatriz y Lucía Rojas Espínola, quienes manejaban otras tres firmas “fantasma”.
El senador Zacarías trabó el estudio del pedido de prisión en su contra durante casi 10 meses mediante chicanas y complicidad de los camaristas Aniceto Amarilla, Isidro González y Miryan Meza de López.
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Estos tres jueces cajonearon el expediente por seis meses hasta que fueron suspendidos por disponer que un condenado por abuso infantil abandonara la prisión. Hoy, de producirse la diligencia, Zacarías Irún podría ir preso.