La ex viceministra de Tributación Marta González Ayala, del periodo del gobierno de Horacio Cartes, decidió autoasignarse la suma de G. 700 millones por las multas cobradas por su administración. El argumento consistió en que podía cobrar “como denunciante”, mientras que, contradictoriamente, su función en el cargo era juzgar las faltas.
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Al respecto fue abordado el actual viceministro de la Secretaría de Estado de Tributación (SET), Óscar Orué, sobre cómo se validó este procedimiento. El mismo explicó que la administración de González Ayala “entendía que los funcionarios públicos, ergo, todos los funcionarios de Tributación, incluida la viceministra, podían percibir; porque el artículo 239 de la Ley 2.421 dice que los denunciantes y que los funcionarios de Tributación –en nombre de esos denunciantes– van a cobrar de manera equitativa de hasta el 50%”.
“En realidad yo te digo lo que ellos argumentaron, yo no sé si es correcto o incorrecto esto, para que alguien diga qué es correcto o incorrecto, yo tengo la intepretación y es la interpretación que nosotros con Fabián Domíngez (ex viceministro de Tributación) asumimos, llevamos”, agregó.
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Comentó que ellos anularon la mencionada resolución. “Cambiamos esa distribución, lo hicimos más equitativo y limitamos, había una suerte de distorsión en esos pagos, creímos que no eran justos, que no eran equitativos, y sobre todo eran antiéticos, porque el mismo viceministro no puede estar cobrando, porque es el mismo que determina la multa en esos casos", aseveró.
“Nosotros decíamos con Fabián que, si bien la ley permitía por una interpretación más amplia, no era ético ni no era moral que el propio viceministro cobre, porque era el que decidía; yo decido cuánto le voy a multar a un evasor”, enfatizó.
Aseguró que con ese documento lo que buscaron fue corregir el que estaba vigente entonces. “La interpretación que tenía la administración anterior entendía que sí se podía cobrar y sacaron una resolución, lo que la ley permite. Nosotros al asumir cambiamos esa decisión”, reiteró.
Respecto a si es correcto o no lo que hizo la viceministra, señaló que se debe dejar a organismos como la Contraloría General de la República o a la auditoría interna ver si existen irregularidades. “Lo que podemos hacer es consultar a los órganos competentes respecto al tema que corresponde a los cobros de salarios. En Hacienda hay una dirección de bienes personales y servicios a Estado; podemos ver eso con mucho gusto y sacarnos las dudas, porque ese argumento que yo leí hoy en el diario es un argumento nuevo y los organismos del Estado deberían tomar esto como una denuncia e investigar”, concluyó.