Declaraciones juradas deben ser para todos, sostiene ONG

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El Contralor General de la República, Camilo Benítez, resolvió designar a un nuevo director de la Auditoria Forense.
El Contralor General de la República, Camilo Benítez Aldana.Archivo, ABC Color

El Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA) cuestionó la intención del contralor general, Camilo Benítez, de entregar las Declaraciones Juradas (DDJJ) en formato papel si la Corte Suprema finalmente ordena la liberación de estos documentos. La ONG dedicada a la lucha por el derecho de acceso a la información pública, sostiene que la información debe estar disponible para toda la ciudadanía.

Camilo Benítez Aldana, contralor general de la República, manifestó este miércoles que si la plenaria de la Corte considera que las declaraciones juradas de bienes son información pública, la Contraloría solo entregará la información al periodista que impulsó el proceso judicial y en parte será en fotocopias.

“Lo que se le ordenó a la Contraloría en esas sentencias de primera y segunda instancia, que luego fue atacado de inconstitucional, es que esa información se le entregue al accionante”, indicó a ABC el contralor general, Camilo Benítez Aldana.

La plenaria de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) finalmente se integró para estudiar la acción de inconstitucionalidad que había planteado la Contraloría General de la República (CGR) contra el amparo que obtuvo el periodista de ABC Juan Carlos Lezcano para acceder a las declaraciones juradas (DD.JJ.) de bienes de las autoridades del Gobierno. El contralor adelantó que, en caso de perder el juicio, no publicarán la información en internet.

IDEA, una organización que lleva años luchando por el Derecho de Acceso a la Información Pública en Paraguay, salió al paso de las declaraciones de Benítez Aldana y manifestó que la intepretación del contralor es errónea.

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“La Ley 5.282 establece que la información pública estará sometida a publicidad y las fuentes públicas están obligadas a prever la adecuada informatización y disponibilidad para que sea difundida en forma permanente, a los efectos de asegurar el más amplio y fácil acceso a los interesados”, señalaron desde la organización a través de un comunicado de prensa dado a conocer en la tarde de este miércoles.

“Y, en la misma línea, despejando toda duda interpretativa, el art. 28 del Decreto 4064 establece que “Todas las solicitudes de información pública respondidas por las fuentes públicas deberán estar disponibles en los sitios web oficiales de cada fuente pública y en el Portal Unificado de Información Pública en el plazo exigido por la Ley 5282, y es esto una obligación para cada fuente pública y sin perjuicio de que la información sea entregada en un formato distinto al solicitante”, agrega el documento.

“Esto es, toda respuesta a una solicitud de acceso a la información pública debe ser publicada en los sitios web institucionales, por más que esa respuesta se dé por medio de una orden judicial”, continúa señalando.

El comunicado recuerda, además, que la publicación vía internet de los documentos es lo que expresamente solicitó el periodista de ABC Color Juan Carlos Lezcano cuando accionó judicialmente contra el ente contralor por negarse a entregar estos documentos.

“En efecto, le solicitó al Poder Judicial que “dicte sentencia definitiva ordenando a la Contraloría General de la República a entregarme y publicar en el Portal Unificado de Acceso a la Información Pública y/o en su sitio web toda la información pública solicitada”. Ambas sentencias, las de primera y segunda instancia resolvieron 'hacer lugar a la acción de amparo constitucional promovida por el señor Juan Carlos Lezcano Flecha contra la CGR'”, puntualiza.

“Se le recuerda al Contralor Benítez Aldana que antes de estar profiriendo bravuconada por los medios de prensa tenga presente el principio de congruencia que rige en materia de derecho procesal. Se hizo lugar a lo que se pidió; y lo que se pidió es que las declaraciones juradas se publiquen en el sitio web institucional, como establece la ley. ¡Congruencia!”, manifiesta la ONG dirigida por el abogado Ezequiel Santagada.

Instan además a la Contraloría a hacer cumplir lo establecido por la Constitución Nacional y las leyes. “Un fallo positivo de la Corte sobre la publicidad de las declaraciones juradas hará que estas documentaciones sean públicas con todo lo que el término refiere, por lo que deberán ser publicadas en todas las plataformas oficialmente establecidas para el efecto, entre ellas en la página web de la propia Contraloría General de la República”, sentencia el comunicado.

Señala además la ONG que con la tecnología actualmente disponible no hay diferencia de tiempo entre escanear un documento y fotocopiarlo. De hecho, escanearlo es más barato y su responsabilidad también es cuidar cada centavo del pueblo paraguayo. “Así, si escanea todas las declaraciones juradas y las sube a la web no solo estará cumpliendo con la ley de acceso a la información y facilitando el control ciudadano sobre quienes han administrado y administran los intereses del pueblo paraguayo, sino que ahorrará el dinero de este sufrido y valiente pueblo en tiempos de crisis por el Covid-19”, dice el documento.

“Contralor, no se deje llevar por impulsos, actúe de buena fe. Esté a la altura de la alta responsabilidad que ostenta al ser titular de uno de los órganos extrapoder de la República del Paraguay. El pueblo se lo demanda”, finaliza.