La indignación ciudadana se generó luego de que el juez penal de Garantías, Julián López, resolviera la suspensión condicional del procedimiento a favor del acusado José María Ibáñez, quien enfrentaba un proceso por supuestos delitos de estafa al Estado, expedición de certificado de contenido falso y cobro indebido de honorarios. El juez dio curso al pedido de la fiscal Victoria Acuña.
A finales de julio del 2018, mientras Añetete seguía sin definir una posición sobre el citado, uno de los hombres fuertes y cercanos al presidente Mario Abdo Benítez, un pequeño grupo de 15 diputados del PEN, PQ, Hagamos, Cruzada Nacional y 6 liberales formalizaban el pedido de pérdida de investidura del mismo.
Al mismo tiempo, los actos de repudio y cierres de puertas de los comercios iban aumentando. Esa reacción ciudadana era observada con especial interés por los diputados colorados cartistas y abdistas, quienes pese a iniciar el periodo parlamentario divididos veían que podría generarse un efecto cascada con aquellos diputados con causas pendientes con la justicia.
Entre esos investigados estaba, por ejemplo, el diputado Carlos Núñez Salinas (ANR), imputado por un supuesto contrabando millonario. A la oposición le había costado semanas reunir las firmas para presentar el pedido de expulsión de ese legislador, pero a él le llevó solo un día reunir más de 40 votos para salvarse.
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La intención de aquel diputado blanqueado por la justicia era terminar con la discusión y reunir los votos para archivar el pedido de pérdida de su investidura. La jugada de los colorados, quienes en una sesión blanquearon a su colega, despertó la ira de los ciudadanos. Empezaron los abucheos a domicilio en contra de los diputados que archivaron el pedido.
Luego, el 6 de agosto de 2018, seis días después de haber sido salvado por 53 diputados y mandado al archivo el pedido de expulsión de Ibáñez, y solo dos horas antes de realizarse una gran manifestación, aquel legislador renunció como diputado. En la nota que presentó decía que se estaba en puertas del inicio de una nueva administración política y el país merecía resguardar la estabilidad institucional y la armonía social. Ahora, dos años después, el diputado Tomás Rivas, acusado por un caso calcado al de Ibáñez, sigue en su banca y con un pedido de expulsión archivado.