Carlos Fleitas, representante de las organizaciones sociales, señaló que la Ley N° 3736 del Fondo Nacional de Viviendas (Fonavis) tiene un enfoque social y su objetivo es abreviar los plazos para disminuir el déficit habitacional en el país. Mencionó que se encargan de elaborar los proyectos de propuestas de viviendas sociales, en todo el país, y son responsables de recabar los documentos necesarios en diferentes instituciones, además de contratar a la constructora en base a una lista de firmas elegibles, disponible en el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH).
“No es un dato menor que se cuenta con pólizas de seguro que el ministerio puede ejecutar en caso del SAT no cumpla, porque es el SAT el que tiene relación contractual con el Estado, no la constructora”, expresó en torno a la designación sin concurso de las firmas responsables de levantar las casas, cuyas transferencias reciben del rubro 800.
Las declaraciones las brindó en conversación con ABC, ante los cuestionamientos de la Cámara Paraguaya de Construcción (Capaco) y otros gremios como Aprocons y la Mesa Sectorial de la Construcción de UIP, que critican el hecho de que esas construcciones se realizan al margen de la ley N° 2051 de Contrataciones Públicas. De hecho, el 90% de las construcciones de esa cartera las realiza aplicando designaciones, sin oportunidad de libre participación y sin tener los datos disponibles para que la ciudadanía pueda hacer seguimiento de los contratos (no se sabe si la adjudicada cumplió, si no lo hizo, si recibió sanción, etc).
Fátima Centurión, representante del SAT “CVI Consultora y Asociados” indicó por su parte que existe un período de inscripción para ingresar a la lista de constructoras elegibles por las SAT. Explicando el proceso y tratando de justificar, Centurión confirmó que las organizaciones deciden cuál empresa recibirá recursos del Estado, sin competencia alguna, abierta y con posibilidad de acceso a la información pública, tal como se da aplicando la Ley N° 2051 de Contrataciones Públicas.
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Myriam Sosa, también titular de un SAT, afirmó que “después de mucho” en la institución “hay un ministro que vale la pena”, recalcando que los proyectos se enfocan en lo social y no en lo económico, aspecto del cual no se encuentra mayor información en el portal web pese a recibir recursos públicos.
Una de las organizaciones cuestionadas por estar vinculada con el círculo de confianza de Dany Durand es Fundación Atlántica, cuyas obras adjudicadas hace casi un año fueron entregadas ayer, con la participación del presidente Mario Abdo Benítez. El ministro había prometido nunca favorecerle con ningún proyecto a este SAT, sin embargo, ABC constató que es responsable de levantar 80 viviendas, tras analizar documentos solicitados por nuestro diario vía portal de Acceso a la Información Pública (y tras semanas de espera de esos datos).
La promesa de no beneficiar a esa fundación la dio hace un año, luego de que ABC denunciara que en el ministerio se instaló un esquema de empresas para aparentemente direccionar contratos con la habilitación de “Fundación Atlántica” la cual estaba relacionada al entonces director técnico José Correa, quien renunció a principios de enero pasado a la cartera, y quien también está vinculado a la constructora Ingeniería Aplicada SA (IASA), la misma que es “elegida” por la SAT.
Conforme a los documentos oficiales, la fundación representada por Ana María Achón mantiene entre los integrantes de su administración a Mariela Martínez Burgos, quien es hermana paterna de Magaly Martínez Merlo, esposa del ahora exdirector general técnico.
El cuñado del exfuncionario, Diego Sebastián (hermano de Magaly), es el representante legal de la firma IASA, según se constató en el portal de Contrataciones Públicas.
Ambas firmas, IASA y Atlántica, operan en la misma dirección, Montevideo 1630 casi Roma, y usan los mismos teléfonos, conforme se comprobó al cruzar datos de Contrataciones y el listado de las organizaciones SAT habilitadas por el MUVH, disponible en la web de la entidad. Se intentó contactar con algún responsable de esas organizaciones en la jornada de hoy pero no respondieron.
La denuncia divulgada y el pisoteo a su promesa son sólo algunas de las muestras de la discrecionalidad del manejo del Fonavis, que explicaría la férrea defensa de las organizaciones y del propio ministro Durand a este sistema poco transparente. Los recursos son entregados sin licitación ni posibilidad de control ciudadano.
El presidente de la Asociación de Profesionales de la Construcción (Aprocons), Luis Caló, coincidió en la postura de Capaco y agregó que su gremio no acompaña un aumento del presupuesto al MUVH mientras no exista transparencia. Luis Fleytas Bogarín, representante de las firmas del rubro nucleadas en la Unión Industrial Paraguaya (UIP), afirmó que los empresarios coinciden en efectuar públicamente la protesta por la falta de transparencia y el manejo discrecional de los proyectos de esa cartera estatal.