El presidente de la Cámara Paraguaya de Desarrolladores Inmobiliarios (Capadei), Raúl Constantino, manifestó que en reiteradas ocasiones solicitaron al ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), Dany Durand, que encare una política integral entorno a la problemática de viviendas en el país. “Se trata de un ministerio pero enfoca sus energías para atender a un sector, que si bien necesita también se requiere una mayor apertura y una atención a toda la población, en particular, la clase media”, expresó.
Agregó que, así como en otros países, la clase más necesitada es la más vulnerable a manipulación política.
Constantino indicó que la clase media es prácticamente ignorada, ante la falta de un política integral que contemple créditos accesibles para la clase media. “Todos se merecen una vivienda”, destacó. Recordó que existe la Ley N° 5638 “de fomento a la vivienda” para ese sector, sin embargo hasta el momento no se pudo aplicar porque no existen fondos.
Uno de los pilares del Gobierno es la construcción de viviendas sociales, para lo cual planifica destinar US$ 40 millones, recursos que serían ejecutados por el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), implementando el Fondo Nacional de Viviendas (Fonavis).
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Gremios del rubro de la construcción cuestionan que la normativa del programa permite designaciones directas, sin concurso, mediante transferencias directas a organizaciones denominadas “Servicio de Asistencia Técnica (SAT)”, la cuales subcontratan sin concurso a las firmas que serán responsable de edificar las casas. Todo esto sin ningún mecanismo de seguimiento ni control ciudadano, tal como sí existe con la Ley N° 2051 de Contrataciones Públicas.
ABC accedió a documentos oficiales y tras un análisis de los mismos se pudo constatar que existen indicios de direccionamiento de las obras. Se detectó que el MUVH permite que SAT contrate a constructoras, siendo que existen antecedentes de estar vinculadas entre sí. También se encontró la vinculación de políticos en las organizaciones.
El ministro Durand se aferra a la normativa del Fonavis, que es la Ley N° 3637, recalcando que su objetivo es atender la problemática del déficit habitacional y esta normativa le permite ejecutar construcciones de forma más rápida; ignorando la posibilidad de mayor transparencia que implique una apertura de los procesos de forma libre.
El presidente de la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco), José Luis Heisecke, recordó que esa normativa establece que las firmas a ser adjudicadas se inscriben en una lista de constructoras elegibles, no existe una libre participación. “El período para anotarse es por tiempo limitado, no es todo el año, y no existe transparencia entorno a su contratación con el SAT”, manifestó. Comparó con las licitaciones públicas, que todo el proceso puede ser acompañado por la ciudadanía, se pueden comparar las ofertas, conocer a las firmas y las obras que tuvo a su cargo, entre otros detalles.
Reconoció que el Fonavis es más ágil y atiende una necesidad de vivienda social, y que la ley requiere una reforma que apunte a la transparencia y apertura de mayor participación de la ciudadanía y de potenciales oferentes.
El vocero de la Asociación de Profesionales de la Construcción (Aprocons), Luis Caló, coincidió en la necesidad de transparencia y condicionó su apoyo de aumento del presupuesto a la institución si se cumple este aspecto. “Hay déficit de viviendas y es un realidad que la contrucción de viviendas es una inyección de recursos y también se necesita. Pero no significa que vamos apoyar abrir la canilla a ciegas. Queremos transparencia”, afirmó.
Por su parte, el representante de las firmas del rubro nucleadas en la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Luis Fleytas, manifestó que en un contexto de déficit de viviendas económicas, por un lado, y de necesidad de reactivación económica, por el otro, la construcción de viviendas es probablemente la actividad que más derrame económico produciría. Sin embargo, consideró que la licitación es el proceso más transparencia y abierto para dar participación a las empresas y exigió que los pliegos de esas convocatorias permita la participación de pequeñas y medianas empresas.
“Los socios solicitamos que todas las informaciones relativas a los proyectos próximos a licitarse sean socializadas antes de formalizarse la convocatoria. De tal manera a facilitar la presentación de un mayor número de oferentes”, expresó. Agregó que desean también que detalles de los procesos como los llamados propiamente, sus condiciones, los montos de las ofertas presentadas, los nombres de las empresas adjudicadas y todas las demás informaciones relativas a estos llamados, y que son de interés público, estén disponibles en la web del MUVH y de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
Las declaraciones las brindó en alusión a la adjudicación hecha a dos empresas se encargarán de la construcción de 600 casas en el barrio San Blas de Mariano Roque Alonso. Se trata del Consorcio Itay, integrado por la empresa Civsa (de Isacio Vallejos) y Tecnoedil (encabezada por Rolando Ríos Tómboly). El valor del contrato es de G. 81.238 millones (US$ 12,7 millones al cambio actual), donados por Taiwán.
“Se podría adjudicar por lotes y así permitir la participación de más empresas”, afirmó Fleytas.