A través de un manifiesto dado a conocer ayer, el gremio señala que este año cumple 81 años como agrupación, que reúne a más de 500 empresas importadoras tradicionales. Señala que los tributos de sus asociados representan más del 50% de los ingresos fiscales y ocupan a casi el 40% de la Población Económicamente Activa, en forma directa e indirecta. Entre las razones alegadas para el rechazo indica que es inaceptable el cambio de criterio para el pago (peso), debido a la crisis económica nacional y mundial, y por, sobre todo, las graves consecuencias económicas de la pandemia covid-19.
Argumenta también que a los costos y sobrecostos que ya sufre históricamente el sector importador comercial formal, muchos de ellos sin contraprestación alguna, se suma este decreto se tendrá un aumento considerable e inoportuno.
También dice que la norma puede derivar en aún mayores pérdidas de empleos y hasta cierre de más empresas del rubro, consecuencias totalmente contrarias a las deseadas y necesarias para la reactivación económica nacional.
“Este decreto va totalmente de contramano con la Ley 6589/ 2020, del 12 de agosto de 2020 y cuyo objeto es incentivar el tráfico comercial en las operaciones de importación y exportación, a través de la disminución de los costos operativos en los puertos y aeropuertos nacionales, teniendo en cuenta la pandemia declarada a causa del coronavirus”, según indica la misma ley.
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Finalmente, enfatiza la necesidad urgente de una mejor coordinación a nivel reparticiones públicas, por lo que exhortan a las autoridades del Estado a encarar un proceso de cambio y restructuración real, para construir el país moderno y eficiente.