A través de dos notas, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) realizó varias observaciones a la licitación del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), para la contratación de un seguro médico y odontológico “vip” de sus funcionarios, en la cual prevé destinar US$ 14 millones. La cartera pagará G. 1.000.000 por cada uno de sus 4.000 servidores, durante 24 meses.
En la primera nota, con fecha del 11 de noviembre, la institución resaltó que en el llamado del MOPC no se observan los documentos respaldatorios que establece la resolución de la DNCP N° 1890/20, que regula la estimación de precios en los procedimientos de contratación pública. En el mismo escrito, la DNCP señaló a Obras Públicas que considerando que la vigencia del contrato será desde el 1 de enero de 2021, el llamado cuenta con presupuesto 2020, lo que significa que la convocatoria debería de ser “ad referendum” al presupuesto 2021. En ese sentido, recordó a la convocante que la Ley N° 1535/99 de la administración pública establece que “el cumplimiento de las obligaciones financieras será simultáneo a la incorporación de bienes y servicios”.
Obras Públicas no cumplió con las mencionadas observaciones de la DNCP, por lo que la entidad volvió a remitir otra nota a la institución, con fecha del 16 de noviembre, en la que reiteró que “no se observan los documentos respaldatorios los cuales fueron considerados para la elaboración de los precios de referencia” del llamado en cuestión.
Además, nuevamente reiteró que la vigencia del contrato será desde el 1 de enero del 2021, pero que el llamado cuenta con presupuesto 2020 “siendo que debería de ser ad referendum al Presupuesto 2021”. La DNCP dejó en claro que la licitación se publicó recordando a la convocante “la absoluta responsabilidad de la misma ante eventuales consecuencias del procedimiento licitatorio en las condiciones establecidas”.
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El titular de la DNCP, Pablo Seitz, señaló que las observaciones generalmente se reiteran cuando las instituciones no las corrigen.
Dijo que la mayoría de las entidades cumplen con las correcciones que recomiendan y se espera que el MOPC haga lo mismo.
Sindicalista defiende seguro
Jorge Becker, del Sindicato de Funcionarios Profesionales del MOPC, justificó ayer en sus redes sociales la contratación del seguro y señaló que es un derecho que “está enmarcado en Ley N° 1626/00”.
Por otro lado, defendió que el MOPC junto al Ministerio de Salud, Fuerzas Armadas y Policía, fue una de las instituciones que no ha cesado “a pesar que el covid”, que “se ha llevado a varios funcionarios”. “En el plan de reordenamiento financiero, a pesar de seguir trabajando en tiempo de pandemia ha sido la única institución que no ha recibido bonificaciones de covid-19 y es de justicia que al menos tenga un seguro aceptable para que cumpla su función de extender la red vial del Paraguay”, señaló. Sin embargo, el personal de blanco, que depende del Ministerio de Salud, lucha día a día contra la pandemia por covid-19, sin poseer beneficios similares a los que disfruta la mayoría de los trabajadores de la función pública.
