El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, presentó ayer su informe de gestión 2020 en el que resaltó la producción de sentencias a nivel país y de la ampliación de la cobertura del expediente electrónico.
Empero, como siempre ocurre, los titulares de los poderes del Estado, no realizan las autocríticas para que la ciudadanía sepa de manera oficial las flaquezas del sistema judicial, así como la corrupción que afecta al Poder Judicial.
La mora judicial es una enfermedad endémica que está enquistado en el Poder Judicial, pero su titular, en este caso, el ministro Martínez Simón, nada dijo al respecto, obviando de esta manera uno de los principales motivos que dan origen a la corrupción en los tribunales del país.
Martínez Simón afirmó que el escenario sanitario obligó a la Corte Suprema a repensar los planes trazados para este año, así como a modificar la manera de prestar servicios de justicia, sin alterar su regularidad ni extensión, agudizando los sentidos y el ingenio para encontrar soluciones a problemas que nunca se habían presentado en el pasado.
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Datos del informe
Dieron a conocer de la expansión del expediente electrónico a ocho circunscripciones, durante la pandemia. El expediente electrónico llegó este año a 178 despachos judiciales más, correspondientes a 17 localidades, por lo que en total resultan beneficiados 257 despachos con este sistema.
La alta emisión de resoluciones judiciales fue igualmente resaltada por el ministro Martínez Simón, quien dijo que la producción de sentencias superó las expectativas de este año. Las estadísticas del Poder Judicial dan cuenta que de enero a octubre se dictaron 459.911 resoluciones, sobrepasando en un 3% la meta proyectada para el año 2020.
Agregaron que en el Poder Judicial se presentaron 4.111 personas que concursaron para acceder a diversos cargos, y que finalmente fueron incorporados o promovidos 74 participantes.
También dijo que entre las tres salas de la Corte Suprema dictaron 6.088 resoluciones.
Otros datos relevantes
- Los cinco hechos punibles más frecuentes a nivel país son: violencia familiar, infracción a la Ley 716/96 (violación de cuarentena), hurto agravado, exposición a peligro del tránsito terrestre e incumplimiento del deber legal alimentario. Se firmaron electrónicamente unas 697.966 resoluciones y se presentaron electrónicamente 402.777 pedidos.