“El trabajo tuvo una participación activa de muchos actores que generalmente participan en procedimientos de contratación e incluso la ciudadanía en general tuvo la oportunidad de participar en audiencias virtuales en los meses de junio del año pasado. En plena pandemia estuvimos activando este proyecto en el que buscábamos conocer cuáles son los inconvenientes en la aplicación de esta ley y mejorar los procedimientos en las compras públicas”, expresó la coodinadora.
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En cuanto a la participación de la ciudadanía y de los actores involucrados, la representante de la Dirección Nacional agregó que buscan, a través de la mayor participación, mejorar la transparencia de todo el procedimiento de compras públicas. “Que se pueda conocer quién es el proveedor adjudicado, cómo se están ejecutando los contratos. Son acciones que implicaron no solamente la modificación normativa, que es lo que estamos trabajando. El trabajo final ya se presentó al Ministerio de Hacienda por parte de la Dirección y lo están estudiando para ser presentado al Congreso al inicio del receso parlamentario”, explicó.
La Ley de Contrataciones Públicas es lo mejor que tenemos en controles. pero tiene también sus lagunas. Por ejemplo, cuando algunas de estas instituciones salta con la Ley de Contrataciones Públicas el famoso rubro 800, de las transferencias.
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Centurión refirió que lo que hacen es “mejorar ya la ley y los procedimientos que establecemos e innovar en algunas otras modalidades de contratación para dar mayor participación a otros sectores de la economía. La ley es la única que tenemos ahora, la 2.051; sin embargo, hay algunas lagunas que buscamos mejorar”. La coordinadora habló de factores que son presupuestarios, que en el ámbito de las contrataciones tienen cierto objeto legal porque sí o sí tienen que pasar por un procedimiento en el marco de la Ley de Contrataciones, pero las demás son a nivel presupuestario y eso se tiene que trabajar en otro ámbito de aplicación.
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“Básicamente, esta ley va a contemplar tener un cuerpo normativo, en cuanto a procedimientos, mecanismos de sanción también, que van a ser más rígidos. Buscamos darle un poquito más de control a los proveedores y sanciones importantes en caso de inclumplimiento contraactual, porque esto no solo conlleva que podría generar un retroceso administrativo para la convocante, que se genere algún incumplimiento contraactual, sino que ese beneficio o contrato para cubrir una necesidad no se esté cumpliendo en tiempo y forma. Buscamos mejorar la eficiencia del gasto público”, aseguró.
En obras públicas hay millonarias inversiones, el visto bueno de ir hasta el 20% más del precio contratado, ¿va a seguir rigiendo en la nueva ley o se va a exigir que se haga un nuevo llamado a licitación cuando se trata de mayores desembolsos multimillonarios que resultan en enormes sumas de dinero?
“Para salvar esas situaciones, lo que se va a establecer con esta normativa es mejorar la estimación de los costos, porque todas esas ampliaciones que -es cierto- son legales, pero finalmente repercuten en que modifican sustancialmente el precio inicial por el cual fueron contratados. Buscamos mecanismos más rígidos en la elaboración-estimación de los costos, tanto por la convocante como para que pueda servir en el momento de la adjudicación, y al proveedor en cuanto a la preparación de sus ofertas”, puntualizó.