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En efecto, en el punto III del malhadado documento. relacionados con la prestación de los servicios de electricidad de la entidad binacional a sus compradoras, incorporaban los siguientes “procedimientos”:
a.– Los directores técnicos de Itaipú podrán flexibilizar el nivel del reservorio hasta la cota 216 metros sobre el nivel del mar. Esta decisión será comunicada a los directores generales de Itaipú y al Consejo...”
“En el caso que no haya acuerdo en el ámbito de los directores técnicos de Itaipú acerca de la flexibilización del nivel de reservorio, la energía afluente será prorrateada en la proporción de las potencias contratadas, debiendo ser calculada la respectiva cesión de potencia contratada en caso de que una entidad compradora consuma más de su parcela prorrateada”.
De un plumazo, el documento entregaba al director técnico brasileño el poder decisión sobre aguas binacionales y privaba nada menos que a los organismos de la Alta Administración, establecidos en el Anexo A del Tratado, de esa importante atribución.
Ni es necesario puntualizar que, cada una de las direcciones de Itaipú, seis en total, tiene un titular que se diferencia del suplente con el agregado “ejecutivo”. Las principales direcciones de la binacional, Técnica y Financiera, tienen un director ejecutivo y un director, desde la instalación de la entidad en 1974, estas dos direcciones tienen titulares brasileños y los directores, suplentes, son paraguayos.
Un desembalse desde la cota 220 y 216 metros sobre el nivel implica mucho dinero y un riesgo técnico muy atendible para la represa.
Los ingenieros Rubén Brasa, Jorge Ferreira y Sebastian Arce, exdirector técnico de Itaipú, exjefe técnico de Yacyretá y exsuperintendente de Operaciones de Itaipú, en una solicitada que publicaron en 2019, cuando el debate sobre la responsabilidad del equipo presidencial sobre el acta entreguista alcanzaba su meseta, advertían que el objetivo de este tipo de maniobras “es disponer de este recurso energético para atender fundamentalmente la demanda en horario de punta del sistema eléctrico”. El caso obligó a renunciar a siete altos funcionarios del Gobierno, Itaipú y de la ANDE.
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