CONCEPCIÓN (Aldo Rojas Cardozo, corresponsal). En un informe preliminar, miembros de la Coordinadora de los Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) indicaron que recibieron una denuncia sobre la desaparición de Bernardo Gómez Candado, mayor de edad, hace dos años. No se tienen datos sobre su paradero y se sospecha que pudo haber sido llevado a la fuerza por el EPP. No descartaron que se trate de un reclutamiento obligado.
La desaparición ocurrió el 10 de mayo de 2019 cuando Bernardo estaba de cacería en la zona de Zanja Morotî, distrito de Azotey, departamento de Concepción.
Tomaron conocimiento del caso gracias a la misión de observación de derechos humanos que realizaron en la zona norte del país, y que contó con el apoyo de la Pastoral Social de la Diócesis de Concepción y Amambay. Investigaron temas como la seguridad, secuestros, reclutamiento forzoso, situación de los pueblos indígenas y derechos de las mujeres y niñas a una vida libre de violencia.
La presentación estuvo a cargo de los secretarios Óscar Ayala y Myrian González. Ambos explicaron que mantuvieron gran cantidad de reuniones y entrevistas con actores de los departamentos de San Pedro, Concepción y Amambay, para colectar numerosos datos, los cuales serán publicados en marzo, en un documento oficial.
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En el tema de los secuestros de Edelio Morínigo, Félix Urbieta y Óscar Denis se solidarizaron con las familias y se adhirieron a las declaraciones de la familia Denis, quienes demandan al Estado adoptar todas las medidas necesarias en el marco de la ley, para encontrar y rescatar con vida a los cautivos, incluyendo a los niños y niñas víctimas del reclutamiento forzoso.
Estigmatizados
Otro de los puntos mencionados es que las personas que defienden los DD.HH. y dirigentes de organizaciones sociales viven en un clima de temor por el riesgo de ser imputadas arbitrariamente en causas penales por ser supuestamente simpatizantes o apoyo logístico de los grupos criminales.
Sobre los pueblos originarios, existen 28 nativos que fueron asesinatos en circunstancias relacionadas al cultivo de marihuana, entre ellos, menores de edad.
Además, el pueblo pãi tavyterã no puede acceder al cerro Jasuka Venda, que es sagrado para ellos, debido a la incursión en la zona de grupos ilegales y de la FTC.
Muerte de niñas y logística del EPP
Sobre la muerte de dos niñas durante una incursión de las FTC, la Codehupy indicó que para ellos existió un mal manejo de las evidencias y de la escena del crimen del 2 de setiembre de 2020. También señalaron que están preocupados por la pérdida de contacto o extravío de una menor que es hija de miembros del EPP y, al ser menor de edad, es responsabilidad del Estado. En cuanto a los procesos penales llevados adelante en contra de personas acusadas de prestar apoyo logístico al EPP o la ACA, se han registrado graves violaciones al debido proceso, resaltaron.