En la audiencia de ayer se produjo hasta el tomo 24 de las casi 60 documentales ofrecidas por los fiscales Liliana Alcaraz, Rodrigo Estigarribia y Francisco Cabrera para probar la acusación contra el exlegislador cartista y el edil luqueño. El tribunal de sentencia está integrado por Yolanda Portillo (presidente), Yolanda Morel y Jesús Riera.
La Fiscalía sostiene que el enriquecimiento ilícito del exsenador cartista asciende a la suma de G. 6.076.062.260, mientras que el concejal de Luque por el Partido Colorado por G. 51.043.359.784 más 82.794 dólares. Los acusados no pudieron justificar la procedencia de estos montos.
Para lavar el dinero ilícito los acusados habrían utilizado la empresa Príncipe Di Savoia SA, una firma de fachada, para justificar la compra de propiedades, pero que no poseía movimiento en su cuenta bancaria pese a la supuesta actividad comercial y la cantidad de operaciones de alquiler que realizaba y administraba.
En cuanto a la declaración falsa, la acusación señala que los acusados presentaron declaraciones juradas ante la Contraloría General de la República, omitiendo cuentas bancarias e inversiones en depósitos de ahorro en varias entidades, además de bienes muebles e inmuebles.
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