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Con los votos del presidente del JEM, Fernando Silva Facetti; del vice, Jorge Bogarín Alfonso; los ministros de la Corte Suprema César Diesel y Alberto Martinez Simón, (intervinieron por inhibición d sus colegas Gladys Bareiro y Manuel Ramírez Candia), ademas del diputado colorado Hernán Rivas, Corbeta fue absuelto. Estuvieron ausentes el diputado liberal Eusebio Alvarenga (se desconoce el motivo) y el senador Enrique Bacchetta, por motivos de salud.
El primero en exponer fue Bogarín quien dijo que el juez no puede inmiscuirse en la investigación y por ende no puede asumir el rol de la Fiscalía.
Por su parte Diesel indicó que la ley prohíbe que los fiscales realicen actos jurisdiccionales y los jueces actos investigativos. En este caso, para el actual presidente de la Corte, Corbeta solo debía intervenir si se realizaba el pedido de carácter de anticipo jurisdiccional probatorio.
El presidente de la Corte añadió que “arrinconarlo” con una sanción seria arriesgar la independencia judicial. Mientras que para el ministro Martínez Simón, no se ha probado fehacientemente la responsabilidad del juez enjuiciado.
Tanto Martínez Simón como Diesel recordaron que la resolución de Corbeta fue revocada por la Cámara de Apelaciones, pero no anulada, lo que significa una interpretación jurídica distinta, pero que no se traduce en mal desempeño o ignorancia de la ley.
En el caso de la fiscala Raquel Fernández, quien había rechazado la petición de la defensa, se canceló el estudio de su caso, pues la misma renunció a sus funciones de agente fiscal.
El abogado Guillermo Duarte Cacavelos, representante de los padres de Rodrigo Quintana había solicitado el cruce de llamadas a la Fiscalía para conocer con quien se comunicó en los últimos minutos del 31 de marzo y los primeros del 1 de abril de 2017, el entonces comandante de la Policía Críspulo Sotelo.
El objetivo era establecer quien ordenó el ingreso violento de un pelotón policial a la sede del PLRA. En aquella ocasión murió de un disparo perpetrado por policías, Quintana que era miembro de la Juventud Liberal Radical Auténtica. El único procesado es el suboficial Gustavo Florentín.
El ingreso irregular a la sede partidaria y el asesinato del joven derivó de una manifestación en contra de la enmienda constitucional que pretendían imponer la reelección para el entonces presidente Horacio Cartes y el senador y exmandatario Fernando.