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Los ministros María Carolina Llanes, Manuel Ramírez Candia y Luis María Benítez Riera resolvieron anular el fallo dictado el 15 de abril del 2019 por el Tribunal de Apelación, 4° sala, por considerar que la fundamentación concluyó con “frases dogmáticas y genéricas” y “sin una fundamentación real”.
La Cámara había ratificado la sentencia dictada el 28 de agosto del 2018, por el Tribunal de Sentencia presidido por Víctor Alfieri e integrado por María Luz Martínez y Daniel Ferro.
El colegiado condenó al expresidente del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) Rubén Darío Quesnel a diez años de prisión, otros cuatro años de prohibición de ejercer cargos públicos y 50 días multa por dilatar el proceso en el caso del desvío de G. 3.127 millones que tenían que ser destinados a la compra de tierras para las comunidades indígenas Yakye Axa y Sawhoyamaxa, ocurrido en 2013.
En la ocasión, también fueron sentenciados Marlene Mendoza, exdirectora de Administración y Finanzas del Indi, a 6 años de cárcel; Heber Otazo, funcionario del Indi, a 3 años y 6 meses; y Óscar Viera, expresidente de la ONG Reforeast Par, a 2 años y 6 meses.
La sala penal declara inadmisible el recurso extraordinario de casación planteado por la defensa de Otazo, admite los recursos planteados por las defensas de Quesnel y Viera. En consecuencia, declaran nula la decisión de la Cámara y por decisión directa, confirman el fallo dictado en el juicio oral.
La acusación presentada por el fiscal René Fernández (actual ministro anticorrupción) revela que los condenados se apoderaron de G. 3.127 millones que el Indi debía utilizar para beneficio de las comunidades Sawhoyamaxa y Yakye Axa del pueblo Enxet, en cumplimiento de fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2005 y 2006).
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Quesnel tiene una condena anterior de seis años y medio por la venta de una propiedad de 25.000 hectáreas, que estaba ubicada en Mariscal Estigarribia, Chaco paraguayo, durante el tiempo en que fue titular del Indi.
Esto se dio, según la acusación del Ministerio Público, el 12 de octubre de 2012, cuando Quesnel, en complicidad con la escribana Justina Maribel Esteche, vendió el inmueble que era de una comunidad indígena a pesar de que las tierras de los pueblos originarios no son transferibles.
El asentamiento indígena fue comprado en 1996 por G. 1.250 millones y Quesnel autorizó su venta en 2012 por el mismo valor, lo que sería apenas el 5% de su valor real, según la acusación de la Fiscalía. El Ministerio Público pidió la pena de ocho años de prisión para Quesnel en el juicio, pero quedó conforme con la pena al final.