Los camaristas Juan Carlos Olmedo, María Elena Meza y Christian Bernal integrantes del Tribunal de Apelación Multifueros de la Circunscripción Judicial de Presidente Hayes, rechazaron la semana pasada la recusación planteada por la coacusada Nancy Genoveva Núñez de Rousillón y confirmaron en la causa al juez en lo penal Christian González.
Tras ser notificado de su confirmación el magistrado convocó, por 31ª vez, para el lunes 15 de noviembre a las 7:30 la audiencia preliminar para los acusados Óscar Venancio Núñez (hermano del diputado colorado Basilio Núñez), el actual gobernador de Presidente Hayes Rubén Rousillón Blaires, su esposa Nancy Genoveva Núñez, Raúl Ernesto Delgado Torres, Marlene Altemburger Da Silva y Edulfo Antonio Verón Recalde.
En la diligencia el magistrado debe resolver si eleva a juicio oral y público el caso, como solicitó en su requerimiento conclusivo el fiscal adjunto Federico Espinoza en marzo de 2015. La última vez que se intentó realizar la audiencia fue el martes 10 de agosto, pero se suspendió debido a la recusación planteada por la coacusada.
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En 2012, la Contraloría General ordenó auditar la gestión del periodo 2011 del entonces gobernador. En el año 2013, el órgano contralor presentó denuncia ante el Ministerio Público por el presunto desvío de más de G. 800 millones.
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Se abrió una investigación que estuvo a cargo del entonces fiscal Martín Cabrera, que en 2014 imputó a Óscar Venancio Núñez y Emigdio Benítez, quien completó el periodo del primero, además de otros.
Acusación presentada hace más de 6 años y medio
En marzo del año 2015, el entonces fiscal adjunto anticorrupción Federico Espinoza presentó la acusación contra Núñez y otras 12 personas, entre ellas el actual gobernador Rubén Rousillón Blaires. Sin embargo, después de 6 años y seis meses aún no se puede hacer la audiencia preliminar para siete acusados en la cual se tiene que resolver si estos van o no juicio oral.
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La primera acusación de la Fiscalía contra Núñez fue por el perjuicio de G. 32.182 millones y en el periodo de Benítez el presunto desvío llegó a G. 11.807 millones. A esto se debe sumar G. 11.058 millones, monto que fue acusado por el actual fiscal de la causa, Luis Said.
Según la acusación, para justificar las erogaciones los administradores presentaron facturas falsas, algunas de ellas emitidas incluso a nombre de la Gobernación de Presidente Hayes.