Dos de tres instituciones que recibieron denuncias sobre las declaraciones juradas de bienes del expresidente Horacio Cartes ya iniciaron los procesos de investigación. O al menos así lo anunciaron en los últimos días.
La primera fue la Seprelad, encabezada por Carlos Arregui. Desde la institución aseguraron que ya iniciaron a recabar datos luego de que el ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, presentara una denuncia contra el expresidente Cartes por supuesto lavado de dinero y otros hechos conexos.
La segunda fue la CGR, encabezada por Camilo Benítez Aldana. A principios de esta semana, el director de Declaraciones Juradas de la institución, Armindo Torres, señaló a su vez que ya desde el año pasado se inició el análisis de correspondencia sobre las manifestaciones de bienes presentadas por Cartes. Esto luego de que se revelara que el mismo había manejado una empresa offshore que no declaró ante la institución.
Fiscalía, en silencio...
La institución que sigue en completo en silencio es la Fiscalía General del Estado. La institución recibió ya el pasado 8 de octubre una denuncia presentada por el presidente del Partido Liberal, Efraín Alegre, por supuesta declaración jurada falsa. Hasta el momento, el Ministerio Público no anunció siquiera la apertura de una carpeta de investigación ni la designación de un fiscal responsable del caso.
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Millonario crecimiento
El patrimonio de Horacio Cartes casi se triplicó durante su mandato como presidente de la República. Así quedó revelado en lo que el propio político colorado incluyó en sus declaraciones juradas de bienes y también en la denuncia presentada en contra suya por el ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio.
Giuzzio denunció a Cartes por lavado de dinero y otros hechos ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad). La presentación, de 30 páginas, revela una serie de hechos llamativos en cuanto al movimiento de dinero realizado por el expresidente.
Offshore escondida

Cartes entregó declaraciones juradas en cuatro oportunidades durante su mandato presidencial. El primer punto llamativo fue develado ya el año pasado por la filtración mundial conocida como “Pandora Papers”. Los documentos entregados al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y compartidos con ABC Color revelaron que el exmandatario manejó una empresa de portafolio en Panamá, llamada Dominicana Acquisition SA, durante los años de su mandato y no la incluyó en sus manifestaciones de bienes.
Esta situación fue la que motivó la denuncia presentada por Alegre ante la Fiscalía y que sigue dormida en el Ministerio Público.
Este hecho también es investigado por la fiscalía panameña, según fue confirmado semanas atrás cuando saltó a la luz un pedido de colaboración enviada a nuestro país.
Dominicana Acquisition no fue ni la primera ni la única offshore ligada a Cartes. El exmandatario abrió otra firma de maletín en Panamá en 1985, cuando decía ser agente de turismo y tres años antes de ser declarado prófugo por un caso de evasión de divisas. En 1995, directivos de Banco Basa –propiedad de la familia Cartes– abrieron un banco en las Islas Cook, consideradas paraíso fiscal.
Otro punto bastante llamativo de las declaraciones juradas de Cartes es que los préstamos que él mismo realizó a personas y empresas de su entorno se quintuplicaron durante su gobierno.
En 2013, declaró que tenía cuentas a cobrar por G. 299.287 millones. Entre sus deudores aparecían varias de sus empresas y también el club Libertad, el mismo del que llegó a ser presidente años antes de lanzarse a la política.
En 2014, tenía cuentas a cobrar por G. 350.387 millones.
Cuando dejó la presidencia de la República, en 2018, tenía cuentas a cobrar por más de G. 1,7 billones, cuatro veces más de lo que declaró cuando llegó a la primera magistratura.
Entre sus mayores deudores aparecían su propia hermana, la empresaria Sarah Cartes, que le debía unos G. 330.000 millones.
El ministro Arnaldo Giuzzio indicó en la denuncia que esta sería la presunta prueba de que el banco Basa en realidad es propiedad del expresidente.
Cartes ingresó a la presidencia con 25 empresas y la dejó con 34. Su patrimonio pasó de G. 1,3 billones a G. 3,4 billones.
