Exfiscalizador de obras de la Gobernación de Central fue condenado y debe pagar en cuotas multa de G. 50 millones

El exfiscalizador de obras Adalberto Benítez Aguilera fue imputado por lesión de confianza, producción de documentos no auténticos, declaración falsa y asociación criminal en carácter de coautor, en la investigación del Ministerio Público sobre la ejecución de G. 5.105 millones del fondo Covid-19 que el Ministerio de Hacienda transfirió a la Gobernación de Central en diciembre de 2020 para la reactivación económica del departamento de Central.

Benítez Aguilera fue procesado en el caso conocido como “Facturas clonadas” junto con otras 15 personas, incluido el destituido gobernador Hugo Javier González Alegre (ANR cartista). Esta semana se realizó la audiencia preliminar en la que fue beneficiado con el procedimiento abreviado.

Su defensa planteó que el exfuncionario de la Gobernación de Central, Adalberto Benítez, sea condenado a dos años de pena privativa de libertad con suspensión de la ejecución de la condena, supeditado a algunas prohibiciones y condicionamientos. Debe residir en un domicilio fijo, no abandonar el país sin previo aviso al Juzgado correspondiente, comparecencia trimestral para firmar el libro de registro y el pago de G. 50 millones como reparación del daño causado.

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Para su caso, la expectativa de pena punitiva era de dos años de acuerdo a lo que establece el Código Procesal. Debido a esto y a los elementos probatorios, el representante del Ministerio Público, fiscal Francisco Cabrera, no se opuso a que el procesado reciba la citada condena.

Por lo tanto, en fecha 26 de junio el juez Humberto Otazú sentenció a Adalberto Benítez Aguilera a dos años de pena privativa de libertad con suspensión de la ejecución de la condena. Asimismo, levantó las medidas cautelares que pesaban sobre el mismo, como la inhibición general de enajenar y gravar bienes muebles e inmuebles.

Además, el juzgado aplicó una multa de G. 50 millones que serán abonadas en 23 cuotas (unos G. 2.173.913 cada una) al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente (Ineram).

Miguel Robles ideó el desfalco

Según lo relatado por el fiscal Francisco Cabrera, los hechos atribuidos a Adalberto Benítez tienen su inicio en las conductas de Miguel Ángel De la Cruz Robles Ibarra, quien fue director general de la Dirección General de la Gobernación de Central, que entre los meses de noviembre 2020 y julio 2021 ideó y dirigió un esquema conformado por funcionarios de la Gobernación entre los cuales se encontraba Adalberto Benítez. También con representantes de la fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP) y constructores particulares para conseguir el desembolso de importantes sumas de dinero del Estado y coordinar trabajos para ocultar el esquema mencionado.

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En ese sentido, se realizaron desembolsos por la institución departamental a favor del CIAP por un total de G. 5.105 millones del Fondo Covid-19. Al realizar las rendiciones de cuenta del dinero transferido fueron detectadas irregularidades que tomaron estado público a través de publicaciones periodísticas, por lo que Miguel Robles solicitó a funcionarios de la Gobernación, entre los que se encontraba Benítez Aguilera como representante del CIAP y a los contratistas, que crearan, cambiaran y adecuaran el expediente administrativo de 14 obras con el fin de justificar los desembolsos que se realizaron sin proyectos y reemplazar las rendiciones de cuenta que se hicieron en la primera oportunidad, según las investigaciones de la fiscalía.

Adalberto era el encargado de obras de la Gobernación y coordinaba el equipo de constructores, fue quien fiscalizó los trabajos realizados en la Asociación de Profesores de Villa Elisa y la construcción de una muralla perimetral en el local del Cuerpo de Bomberos de Ypacaraí.

Junto con Karina Mazzacotte (otra exfuncionaria condenada en el caso), Adalberto Benítez, bajo las indicaciones de Miguel Ángel Robles, le solicitaron a Tadeo Andrés Álvarez Cristaldo, presidente del CIAP, y a los contratistas José Grau, Óscar Morel, Óscar Gahete, Marta Paredes, Cristóbal Cabral y Lucas Ovelar que firmen varios documentos con fecha antedatada entre los que se encuentran los contratos de obras, presupuestos ,certificados de inicio, avance y entrega final de obras, notas de solicitud de pagos, que posteriormente fueron utilizados en los legajos, de acuerdo a la conclusión de lo indagado por la fiscalía.

Millonario daño patrimonial al Estado

“Con todo esto surge que Adalberto Benítez y otros funcionarios, a través de un esquema montado a solicitud de su creador e ideólogo Miguel Robles, provocaron un perjuicio al Estado paraguayo por la suma de G. 5.105.600.000, traducido en el total de los fondos para la reactivación económica desembolsados a favor de la fundación CIAP. Este monto total no fue justificado, tanto en su concesión porque no existían proyectos para la erogación como en su uso, debido a que primero utilizaron facturas falsas para rendir cuentas y luego crearon, cambiaron y adecuaron legajos de obras preexistentes para hacerlos parecer como si se hubieran realizado con los fondos desembolsados”, sostiene el Ministerio Público.