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Luego de trabar el desarrollo del proceso penal que afronta por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de activos con un recurso de prejudicialidad, ahora Wilfrido Cáceres -exdirector financiero del jefe comunal de Asunción Óscar “Nenecho” Rodríguez- denuncia al fiscal Silvio Corbeta Dinamarca por supuesto mal desempeño de sus funciones ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
Cáceres alega que el 13 de mayo de 2024, siendo las 04:55, Corbeta allanó la vivienda donde reside, ubicada en la calle 24 de Junio c/ Brasil de San Lorenzo, oportunidad en que le dio tres horas para desalojar el inmueble, que quedó a cargo de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico).
“Durante el allanamiento el agente fiscal ni los funcionarios representantes de la SENABICO, no procedieron a discriminar y relevar acta mediante cuáles eran los bienes de naturaleza personal que no estaban comprendidos como consecuencia lógica en la supuesta incautación del inmueble como ser alimentos, equipos electrónicos musicales para el ejercicio de mi oficio, electrodomésticos de uso diario, camas, prendas de vestir, alimentos, bebidas alcohólicas y no alcohólicas entre otros, como tampoco se puede verificar que el agente fiscal haya identificado previamente el nexo causal de esos bienes como objeto de prueba o evidencia para con los hechos investigados de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, por lo cual con absoluta arbitrariedad se materializó el despojo y expoliación de esos bienes en connivencia con funcionarios de la SENABICO y Agentes de la Policía Nacional”, argumenta Cáceres.
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Entre 2018 y 2023, Cáceres fue asesor profesional contratado por la Junta Municipal, director general de Gabinete y director general de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Asunción, en la administración del intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR - cartista).
Actualmente, Cáceres figura como funcionario de la Junta Municipal de Asunción, comisionado a la intendencia, con un salario de poco más de G. 7.177.790, más G. 253.635 de subsidio médico y otros G. 1.608.220 por grado universitario, con lo que totaliza un ingreso mensual de G. 9.040.645.
Imputación a Wilfrido Cáceres, esposa y asistente
En enero de 2023, nuestro diario reveló una transacción hecha entre el matrimonio de Wilfrido Cáceres y Ruth Da Silva con Camila Ramírez, en torno a los dos terrenos –ahora objeto de embargo– adquiridos el 9 de julio de 2020 por la pareja por la suma de G. 50 millones cada uno. Sobre estos, edificaron una ostentosa casa que el 13 de agosto de 2021 transfirieron a Ramírez, vía escritura pública, por valor de G. 100 millones.
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Esta operación, que sería una simulación para que el matrimonio oculte sus bienes, situación expuesta por ABC, abrió camino al inicio de una causa penal, a cargo del fiscal Silvio Corbeta.
En su imputación, el fiscal Corbeta señaló que Wilfrido Cáceres presentó tres declaraciones juradas ante la Contraloría General de la República (CGR), correspondientes al 22 de marzo de 2019, el 4 de agosto de 2021 y 24 de noviembre de 2021. Tras un examen de correspondencia, la entidad concluyó que no existe correspondencia entre los bienes declarados y los ingresos obtenidos del matrimonio.
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La Contraloría también verificó que Camila Ramírez, al tiempo de adquirir la propiedad no tendría ingresos suficientes para adquirir los mencionados inmuebles.
Con base en el informe de la CGR, la Fiscalía sospecha que la operación sería una simulación hecha de común acuerdo entre el matrimonio y la estudiante de odontología, para ocultar a los verdaderos dueños de la casa y asegurarles el disfrute.
El 13 de abril pasado, el juez Penal de Garantías Rodrigo Estigarribia procesó a Cáceres, a su esposa, la odontóloga Ruth Jazmín Da Silva Almirón, y a la secretaria de esta y estudiante de odontología Camila Ramírez Gómez, tras admitir la imputación presentada por el fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción Silvio Corbeta.
Estigarribia dispuso además el embargo sobre dos terrenos, que componen un inmueble, de San Lorenzo, hasta cubrir G. 1.500 millones, cada uno. Asimismo, convocó a los tres para el 4 de junio próximo, para la audiencia de imposición de medidas.
Incidente de prejudicialidad
Posteriormente, los abogados Gustavo Erico y Christian Gwynn plantearon un incidente de prejudicialidad, tras adviertir que en julio del 2022 su defendido presentó un amparo contra la Contraloría General de la República, a través del cual realizaba el descargo a las siete observaciones realizadas por el ente contralor.
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Los letrados explican que luego de eso Cáceres amplió el amparo y planteó la inconstitucionalidad de los artículos 9º y 11º de la Ley Nº 276/94 “Orgánica y Funcional de la Contraloría General de la República”, motivo por el cual el 25 de julio del 2022, la entonces jueza Edith Coronel (hoy jubilada) remitió el expediente a la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que no se ha expedido aún.
La defensa alega que el proceso no puede avanzar hasta que esta cuestión no se resuelva y pide como primera medida la suspensión de la audiencia fijada para el 4 de junio.