El acopiador y vendedor de pescado, Hugo Benítez, de la zona de Ayolas, dijo que este año no hubo mucho pescado para ofertar; en el 2023, en esta época, había muchas especies porque había creciente, lo que permitió que hubiera mucho pescado. Venían compradores de otras ciudades para llevar pescado, pero este año casi no hay; por ese motivo, tampoco hay compradores. “Este año es mejor no acopiar ni guardar pescado porque sería un capital parado. Pero, si eso fuera poco, tenemos lluvias, y así los pescadores ya no van al río, por lo que se puede decir que para muchos ya comenzó la veda”.
Lea más: Incertidumbre en Ñeembucú ante la veda pesquera y alta de compensación/
Además, dijo que durante todo el año apenas lograron cubrir los gastos que genera mantener una pescadería: energía eléctrica, mantenimiento de los equipos de refrigeración, y elementos de pesca para sus pescadores. La escasez de pescado hace que los precios aumenten considerablemente, lo que influye negativamente en las ventas, ya que el cliente no quiere pagar mucho.
“Actualmente, para el consumidor final, el dorado y el surubí tienen un costo de entre 50.000, 55.000 y 60.000 guaraníes; la boga, G. 35.000, y el mandi’i, G. 25.000 aproximadamente. El cliente quiere pescado, pero no quiere pagar”, explicó.
Daniel Espíndola, comprador y proveedor de pescado, manifestó que fue muy difícil trabajar este año por la falta de peces en el río Paraná. Responsabilizó de la situación a la sequía y también a la represa Yacyretá, que regula el paso de agua para la generación de energía eléctrica.
“La represa genera millones de dólares, pero perjudica a la fauna íctica y a miles de familias que dependen únicamente de la pesca para poder mantener sus hogares”, manifestó.
Lea más: Veda de pesca: "Un año difícil para pescar", afirman/
Desde las diferentes asociaciones de pescadores señalan que la veda agudizará la crisis económica que atraviesa la ciudad de Ayolas; la falta de fuentes de empleo impide que los trabajadores de este sector puedan realizar otra actividad para conseguir recursos económicos durante la prohibición de pescar.
Se espera que la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) entregue los kits de víveres en el menor tiempo posible. Registros de la oficina de pesca del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), sede Ayolas, señalan que actualmente existen 1.467 pescadores comerciales con sus licencias al día.
El subsidio de G. 1.000.000 para cada pescador aún está en duda, ya que la EBY, que atraviesa una difícil situación económica por falta de desembolso de la República Argentina en concepto de pago por cesión de energía, todavía no ha confirmado si estará en condiciones de realizar el desembolso solicitado por el sector pesquero.
Lea más: Fin de semana con tiempo inestable para el Este/
Multas a trasgresores
La crisis hídrica que afecta al río Paraguay y otros cursos de agua intensifica la importancia de la veda, como medida de protección. El Ministerio del Ambiente (MADES), en cumplimiento de la Ley de Pesca y Acuicultura Nº 3.566/08, suspenderá durante este periodo tanto la pesca comercial como la deportiva.
En aguas compartidas con la Argentina, la veda comienza el 4 de noviembre y va hasta el 20 de diciembre. Mientras que en aguas compartidas con el Brasil, comienza el 4 de noviembre y se extiende hasta el 31 de enero del 2025.
La normativa establece además un régimen de sanciones para quienes incumplan las disposiciones. Las penalizaciones incluyen multas que oscilan entre un jornal mínimo (G. 107.627) y 20.000 jornales mínimos (G. 2.152 millones). Asimismo, la ley faculta al MADES para proceder con la incautación de embarcaciones, vehículos y equipos utilizados en actividades de pesca durante la veda.
Igualmente implementará un programa integral de control y vigilancia en colaboración con otras instituciones del Estado. Esta iniciativa busca asegurar el cumplimiento efectivo de la veda, priorizando acciones de educación y concienciación por sobre las medidas punitivas.
La veda pesquera representa una intervención estratégica para garantizar la sostenibilidad de los recursos acuáticos y la estabilidad económica de las comunidades que dependen de la pesca.