La “Mafia de los Pagarés” puede definirse como la asociación delictiva entre empresarios privados y funcionarios públicos de Fiscalía, Poder Judicial y algunos ministerios, a través de la cual se concreta la venta a crédito de electrodomésticos o directamente de préstamos con tasas usurarias a miembros del magisterio o de otras oficinas públicas.
Estos, salvo excepciones, cancelan las deudas, pero al no ocuparse del rescate de sus pagarés (que las firmas vendedoras, muchas de ellas de maletín, además los esconden) estos son reactivados como testimonios de deudas no honradas, en juzgados remotos a la base operativa de la víctima, lo cual limita la capacidad de reacción de estas. En juicios exprés, por lo general sin participación a los afectados, la rosca fiscal-judicial apura los pasos para lograr los embargos salariales a los incautos trabajadores públicos, en su mayoría de bajos ingresos, que sufren horrores y se pasan meses sin percibir sus haberes, absorbidos por los descuentos.
Cantados han sido los afectados que tuvieron el coraje y la perseverancia para enfrentar al monstruo impune que los desvalijaba sin piedad y tienen causas abiertas intentando lograr condenas contra sus verdugos. El nuevo escenario que pone los ojos sobre las manipulaciones que perjudican a la ciudadanía honesta y trabajadora, tal vez estimule a otros damnificados a tomar la misma decisión y busquen reparar mínimamente el daño soportado, que muchas veces no solo afecta al bolsillo, sino también a la salud.
Como ejemplo, un caso
La causa N.°: 922/2024, bajo el nombre de “Vanessa y Asociados s/ Estafa” fue abierta a raíz de la denuncia de la afectada, Ángela Mabel Zárate, en el Juzgado de Villa Hayes, pese a que la misma reside en Carapeguá y desarrolla su actividad laboral en Asunción.
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Zárate honró plenamente una compra financiada a la empresa citada, propiedad de Julio César Paiva Krause y Mirtha Metel, en 2015. Sin embargo, el mismo pagaré cancelado, apareció luego en dos Juzgados, primero en Nueva Italia y luego en Benjamín Aceval. La representante legal de la firma es la abogada Zully Ortiz García.
Paiva Krause y su esposa Mirtha Metel fueron imputados por este hecho por el fiscal de Villa Hayes Armín Echeguren, pero pese a ello ni él ni la fiscala adjunta de la jurisdicción, Alba Rocío Cantero, han tomado la decisión natural de remitir a la Fiscalía de Delitos Económicas el cuaderno fiscal de investigación identificado como: “Vannesa y Asociados S A. s/ Estafa causa N 922/2024”.
Esta actitud deja abierta la sospecha de que habría una intención de no avanzar en la causa, con el presunto propósito común de lograr la impunidad de los investigados, tomando en cuenta las manifestaciones de la afectada, que relata un plan de omisiones, dilaciones del proceso de investigación, falta de diligencias y presumible mal desempeño en sus funciones, lo cual ha sido puesto a conocimiento del Fiscal General del Estado, a través de una denuncia, que señala además el hecho de que el fiscal Echeguren gestionaría para los imputados medidas menos gravosas y benévolas (asociación criminal), dándose satisfecho con la mera imputación.
Paiva Krause y su esposa, Mirtha Metel, fueron imputados por el fiscal de Villa Hayes, Armín Echeguren, en el marco de la causa “Vannesa y Asociados S.A. s/ Estafa” (N° 922/2024). Sin embargo, ni él ni la fiscala adjunta de la jurisdicción, Alba Rocío Cantero, han tomado la decisión de remitir el caso a la Fiscalía de Delitos Económicos, a pesar de que esto sería el procedimiento habitual en investigaciones de esta naturaleza.
Congelado en el JEM
El caso de la “Mafia de los Pagarés” duerme hace meses en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), que tiene cajoneada una acusación promovida contra el Juez de Paz de la ciudad de Benjamín Aceval, Roberto Ferreira Ovelar, quien actualmente se encuentra sumariado por la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia, por su posible implicancia en la tramitación de la duplicidad de cobros de pagarés fuera de los límites de su competencia y jurisdicción.
La postura de la fiscal adjunta
Alba Rocío Cantero aseguró que la denunciante intenta vincular la causa con la llamada “Mafia de Pagarés”, aunque, según su criterio, no existe relación alguna. También descartó cualquier conexión con las irregularidades que han salido a la luz tras la filtración de mensajes del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes.
“La denunciante desconoce el procedimiento de una causa”, sostuvo Cantero, y agregó que ni ella ni el fiscal que lleva la investigación tienen intención alguna de manipular el caso.
Explicó que la Unidad de Delitos Económicos tiene criterios específicos para aceptar un caso, y no depende únicamente de su decisión enviarlo a esa instancia. “No es que nosotros mandamos y ellos aceptan. La causa debe cumplir con los requisitos establecidos”, subrayó.
Cantero afirmó que la denunciante ya fue informada sobre el procedimiento correspondiente y aclaró que para trasladar el caso fuera de Villa Hayes es necesario un pedido al fiscal general. “Es atribución del fiscal general determinar si una causa debe salir de esta jurisdicción. Esa solicitud ya fue presentada, pero hasta ahora no tenemos respuesta”, explicó.
También confirmó que la causa ya cuenta con imputados. “Yo no intervengo en la investigación en sí. El fiscal tiene autonomía sobre el caso. Mi rol es resolver las recusaciones que se presentaron, tanto de la denunciante como de los imputados”, señaló. Agregó que estas acciones están complicando el desarrollo de la investigación.
Finalmente, sostuvo que, desde el punto de vista procesal, no existen irregularidades en la causa. “Nosotros nos guiamos por el principio de objetividad y debemos escuchar a ambas partes”, concluyó.