Las obras de las Unidades de Salud de la Familia (USF), correspondientes al proyecto “Ñamyasãi: Salud y Familia”, debían concluirse en apenas cinco meses. Sin embargo, ya transcurrieron cuatro años desde el inicio de los trabajos, en 2022, y las edificaciones siguen inutilizadas, deteriorándose lentamente bajo el abandono.
Las obras inconclusas están ubicadas en colonia César Barrientos y compañía Caballero Punta, en Ybycuí; compañía Costa Irala, en Quiindy; compañía Héctor L. Vera, en Ybytymí; y compañía Potrero Arce, en Acahay.
El proyecto había sido heredado del gobierno de Mario Abdo Benítez y continuó bajo la administración de Santiago Peña. Pero, lejos de avanzar, las obras quedaron atrapadas entre suspensiones, rescisión de contratos, readjudicaciones y nuevas paralizaciones. Esto sucede ante la falta de pago a constructoras y la ausencia total de control sobre los plazos de ejecución.
Cuatro años de promesas incumplidas
Las construcciones comenzaron en agosto de 2022 mediante el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, con financiamiento del Banco Mundial a través del préstamo BIRF Nº 8963-PY.
El contrato original N.º 13/2022 fue adjudicado por G. 7.339 millones a la empresa MES Ingeniería S.A., representada por Marcelo Eduardo Sánchez Quintana, durante la gestión del entonces ministro Julio Borba. La fecha de entrega estaba prevista para marzo de 2023. Sin embargo, las obras nunca concluyeron.
Con el cambio de gobierno, el contrato fue rescindido y el Ministerio volvió a licitar los trabajos. Esta vez, en el 2023 la adjudicación recayó en Díaz Martínez Construcciones, representada por Ricardo Díaz Martínez, por casi G. 8.000 millones.
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Las edificaciones permanecieron paralizadas por más de un año hasta octubre de 2024. Recién en noviembre de ese año se retomaron los trabajos, con la promesa de culminarlos en abril de 2025. Sin embargo, nuevamente las tareas se frenaron y, desde hace siete meses, los obreros desaparecieron completamente de los sitios.
Hoy, las estructuras vacías son el símbolo visible de una inversión millonaria sin resultados y representan el fracaso de un Estado que no ha podido administrar sus recursos ni cumplir con las obras anheladas por los ciudadanos.
Actualmente, en la mayoría de las obras faltan conexiones eléctricas, instalación de agua potable, sanitarios, pisos y equipamientos médicos básicos para habilitar la atención a pacientes.
Mientras tanto, cientos de familias continúan dependiendo de puestos sanitarios precarios o deben trasladarse kilómetros para acceder a servicios de salud.
La comunidad quiere asumir el compromiso de culminar la obra
Ante la constante suspensión de la obra de la USF, la indignación ciudadana crece especialmente en la compañía Costa Irala de Quiindy, donde los pobladores anuncian movilizaciones para exigir respuestas.
Roque Barrios, referente de la comunidad, aseguró que los vecinos incluso analizan culminar ellos mismos la USF debido al abandono estatal.
Señaló que “solo falta terminar parte del piso y el sanitario. Nosotros estamos en condiciones de completar y poner en funcionamiento para beneficio de la comunidad”.
Indicó además que la propuesta fue planteada a la directora de la Novena Región Sanitaria, la Dra. Auria Villalba, quien respondió que existe una empresa contratada por el Ministerio de Salud y que únicamente ella puede finalizar la obra.
Los pobladores no descartan viajar hasta Asunción para manifestarse frente al Ministerio de Salud si no existe una solución inmediata para reactivar la obra y dar uso a la infraestructura.
Obras paralizadas dependen de desembolso del MEF
La directora de la Novena Región Sanitaria, la Dra. Auria Villalba, manifestó que la solución del problema escapa de sus posibilidades administrativas y financieras.
Señaló que ya mantuvo conversaciones con los vecinos de la comunidad de Costa Irala Quiindy, quienes incluso plantearon culminar por cuenta propia las terminaciones faltantes de la Unidad de Salud de la Familia (USF) de la compañía Costa Irala.
Sin embargo, explicó que la obra no puede ser intervenida por terceros debido a que perdería la garantía contractual vigente con la empresa adjudicada.
Finalmente, aclaró que la reactivación de las construcciones depende exclusivamente de la transferencia de recursos que debe realizar el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a las instituciones estatales, a fin de cubrir las deudas pendientes con las empresas constructoras encargadas de ejecutar las obras.