El desenlace que se da con Hernán Rivas, exsenador (ANR-cartista) y expresidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), actualmente sentado en el banquillo de los acusados, enjuiciado por su supuesto título falso de abogado, es una especie de crónica anunciada, considerando los antecedentes de la casa de estudios que emitió el presunto diploma de grado, la Universidad Sudamericana.
El largo historial de la institución de gestión privada comienza desde su misma fundación. Entre el 2008 y el 2009, el entonces Consejo de Universidades -hoy denominado Consejo Nacional de Educación Superior (Cones)-, emitió dos dictámenes en contra de la creación de la Universidad Sudamericana, apuntando a numerosas inconsistencias entre la malla curricular, la infraestructura y el perfil de las carreras que tenía que ofrecer.
Pese a estas advertencias, el Congreso Nacional desoyó al Consejo de Universidades -en ese entonces integrado por personalidades como el padre Michael Gibaud, exrector de la Universidad Católica, o Hildegardo González, exrector de la Universidad Nacional de Itapúa (UNI)– y aprobó la creación de esta institución, bajo la Ley N° 3883/09, por iniciativa de la Cámara de Diputados.
En ese entonces, el Parlamento no estaba obligado a contar con un dictamen vinculante del Consejo para crear universidades o institutos de educación superior. En poco tiempo, la Sudamericana llegó a contar con 190 carreras en 41 sedes distribuidas en todo el país, según datos oficiales difundidos por sus exfuncionarios durante el juicio a Hernán Rivas. Para el 2014, la entidad se ufanaba de contar con más de 2.000 alumnos.
El informe de 2008-2009: las alertas que el Congreso ignoró hace 17 años
Entre octubre de 2008 y junio de 2009, el Consejo de Universidades remitió dos informes sobre el proyecto de apertura de la Universidad Sudamericana, en principio llamada Universidad Técnica Privada del Paraguay. En el documento, emitido 17 años atrás, se dieron varias alertas, que citamos a continuación:
- Inconsistencias en Contabilidad: las horas presenciales no alcanzaban el mínimo requerido, carecían de soporte académico/programas para clases a distancia, y no poseía reglamentos ni recursos humanos.
- Deficiencias en Ciencias de la Educación: existía incongruencia entre el perfil del egresado y la propuesta curricular, no se lograron los objetivos, incumplía la carga horaria requerida y faltaba reglamentación.
- Fallas en la carrera de Abogacía: presentaba inconsistencia entre el perfil profesional y la malla curricular, carga horaria insuficiente y ausencia de criterios/reglamentos para las horas prácticas.
- Rechazo curricular general: ninguno de los currículos presentados para las carreras mencionadas había sido aprobado por el Consejo de Universidades.
¿Cuál fue la conclusión del Consejo de Universidades?: “Sin la previa verificación y constatación de los títulos y el emplazamiento real de la futura universidad, este proyecto no puede ser aprobado. Además se hace constar que el proyecto de la Universidad Técnica Privada del Paraguay (luego Universidad Sudamericana) no ha sido presentado ante el Consejo de Universidades”.
Luque: entre el “intento” de estafa y el polémico “egreso” de Rivas
En el patrón de irregularidades que involucra a la Universidad Sudamericana, aparece en el archivo una grave denuncia que había formulado un grupo de universitarias que seguían varias carreras en la sede del barrio Molino de Luque.
El 2 de agosto de 2015, las jóvenes habían acudido a la Redacción de ABC para reclamar un supuesto “intento de estafa”, involucrando a las autoridades de la institución. En ese entonces, el rector era Alejandrino Acuña. En mayo de ese año, la institución había dejado de cobrar las cuotas y aranceles porque el Rectorado dejó de enviar las boletas legales, situación que alertó a los alumnos, pero al consultar, solo recibían evasivas.
Hartos de ser ignorados por quienes dirigían la universidad privada, los reclamos escalaron hasta que organizaron una protesta frente al Rectorado, ubicado en el Tercer Barrio de la misma ciudad. Recién ahí, la institución les informó sobre la intención de cerrar no solo la filial de Barrio Molino, sino también las sedes de San Lorenzo y Mariano Roque Alonso, dejando a los jóvenes sin opciones para continuar con sus estudios.
La situación afectó a jóvenes que cursaban las siguientes carreras:
- Enfermería
- Nutrición
- Derecho
- Contabilidad
- Administración.
Intervenciones del Cones y cierre de carreras: una respuesta tardía del Estado
Pese a los turbios antecedentes y al contundente informe del Consejo de Universidades, el Congreso Nacional aprobó el 7 de octubre de 2009 la creación de la Universidad Sudamericana, de la mano de parlamentarios del extinto Unace, Ariel Oviedo, y Elba Martínez, quienes contaron con el apoyo de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Partido Colorado.
No obstante, apenas 5 años después de su fundación y tras numerosas denuncias por presuntas irregularidades, el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) -ex-Consejo de Universidades-, decidió la intervención de la Universidad Sudamericana, el 29 de agosto de 2014. El ingeniero Pedro González, actual rector de la Universidad Nacional de Misiones (Unamis), fue nombrado como interventor.
“La intervención se dio después de una denuncia de dos exalumnos de la universidad en Pedro Juan Caballero, Ramón Cantaluppi Arévalos y Fernando Aguilera, sobre supuestas anomalías en el funcionamiento de la carrera de Medicina, la única en ese entonces en esa ciudad”, relata el ingeniero.
En tres mes de investigación, el interventor describe en su informe situaciones como cargas horarias insuficientes, -según criterios de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes)-, varias sedes sin la infraestructura adecuada, falta de laboratorios adecuados para las clases y prácticas de carreras de Ciencias de la Salud, y falencias en el registro de asistencia de estudiantes y de profesores.
Las carreras clausuradas en el 2014
Rotundo. “El relacionamiento entre la Sede Central y las otras Sedes se caracteriza por la escasa o nula coordinación académica y administrativa y la carencia de control y monitoreo del funcionamiento de las Sedes que garantice la calidad mínima de la educación impartida”, dice la conclusión de la intervención liderada por Pedro González.
En ese entonces, el Cones determinó el cierre de varias sedes de la Sudamericana, en:
- Villeta
- Santa Rosa del Aguaray
- Belén
- Encarnación.
Estas sedes carecían de infraestructura mínima para su funcionamiento como Universidad, organización académica inadecuada y documentos académicos con falencias. También determinó la clausura de estas sedes de Ciencias de la Salud, por carecer de laboratorios y accesos a centros de práctica:
- Fernando de la Mora
- San Estanislao.
“Creo que es importante recordar que la Universidad Sudamericana se creó con la Ley N° 2529/06 que era la que sacó al Consejo de Universidades como vinculante en la decisión de aprobar o no una universidad, y eso quedó al libre juego. Así se crearon 26 universidades en Paraguay y la Sudamericana es una de las que se fundó con dictamen negativo del Consejo”, remató Pedro González.
Tres años de Informática sin tocar una computadora: la denuncia que el Congreso ignoró
El 18 de setiembre de 2014, cuando el Cones estaba en plena intervención, un grupo de congresistas de varios partidos presentó el proyecto de ley “que deroga la normativa N° 3883/09 que crea la Universidad Sudamericana”. Lo hicieron los senadores José Manuel Bóbeda (Unace), Arnoldo Wiens (ANR), Esperanza Martínez (Participación Ciudadana), Blanca Lila Mignarro (PLRA) y Silvio Ovelar (ANR).
Los legisladores denunciaron, entre otras cosas, que en Pedro Juan Caballero, la carrera de Medicina tenía como director académico al ciudadano brasilero Aparecido Carlos Bernardo, quien “no había concluido sus estudios universitarios como médico”.
“Alumnos del tercer año de la carrera de Análisis de Sistemas de la filial San Lorenzo, sector Yberá, han denunciado que no cuentan con sala de informática, y que en tres años de carrera de Licenciatura en Análisis de Sistemas no tocaron una computadora, siendo que el próximo año culminan la carrera”, decía el proyecto de ley para derogar la creación de la casa de estudios.
Pese a la gravedad de los reclamos y las presuntas evidencias, una vez más el Congreso ignoró este pedido y suspendió todo intento por derogar la creación de esta universidad de gestión privada.
Conexiones con el poder: de asesor jurídico de la universidad al primer anillo del MEC
A finales de 2015, la Universidad Sudamericana cambió de manos y fue adquirida por el grupo empresarial Elevé, un holding que también cuenta entre sus activos con la Universidad Americana. Esta última es liderada por su rector, Sergio Duarte, una figura ampliamente reconocida por su rol como nexo y “lobbista” clave entre el sector privado de la educación superior y el poder político.
En ese periodo, la asesoría jurídica de la institución estuvo a cargo del abogado Hermann Weisensee, quien luego ascendió a los cargos de vicerrector y rector hasta el año 2023.
La controversia radica en que parte de su gestión al frente de la universidad coincidió de manera simultánea con sus nuevas funciones como asesor externo de Luis Ramírez,en el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y en el Cones, asegurándole una posición privilegiada dentro de la cúpula operativa del MEC y en el órgano regulador de la educación superior.
Si bien desde el MEC afirmaron que Weisensee dejó de ser asesor externo este año, fuentes del MEC, de la Aneaes y del Cones aseguran que el abogado sigue asesorando al ministro educativo hasta la actualidad. Funcionarios de la entidad educativa denunciaron a ABC que el mismo sigue visitando el nuevo edificio del Ministerio ubicado en la Torre 1 en la zona del Puerto de Asunción.
De “superasesor” en el MEC a testigo en el banquillo por el caso Rivas
Herman Weisensee, el superasesor del ministro Luis Ramírez, estuvo sentado en el banquillo del Poder Judicial el miércoles, llamado como testigo clave en el caso Hernán Rivas, por su papel como abogado defensor de la Sudamericana.
En el juicio quedó constancia de que Weisensee es esposo de Nancy Barúa, exsecretaria general de la Sudamericana, cuya firma aparece en el supuesto título de Rivas. Barúa además fue nombrada como directora administrativa en la Aneaes, en el mismo período en que su marido era asesor de Ramírez.
Este año, tras la denuncia del caso, el titular de la Aneaes, José Duarte Penayo, destituyó a Barúa del cargo el 19 de abril, pero la misma permanece como funcionaria de la institución, con un alto salario.
Weisensee aseguró en juicio oral, esta semana, que para él, Rivas efectivamente cursó la carrera de Derecho, según la información que le dieron en la Dirección Académica de la Universidad Sudamericana, que estaba a cargo de la señora Dora Cabañas, quien también declaró en el proceso judicial.
¿Por qué el Cones no puede intervenir la Sudamericana?
El ministro de Educación y titular del Cones, Luis Ramírez, justifica la imposibilidad de aplicar nuevas sanciones o intervenir a la Universidad Sudamericana —pese a la gravedad del caso del exsenador Hernán Rivas— argumentando que la institución atravesó distintas etapas administrativas y de propiedad. Según la postura oficial, las irregularidades más graves corresponden a “gestiones pasadas” donde las personas involucradas ya no forman parte de la entidad o rescindieron sus vínculos.
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Ramírez aseguró, en contacto con ABC, que, bajo la administración actual, las ofertas académicas operativas del establecimiento se encuentran al día y que la investigación técnica de la cartera estatal ya alcanzó su límite legal.
“Si uno va a esa universidad, esa universidad está en regla; hoy todas las ofertas que tiene están en regla, hoy todo lo que esa universidad es, está en regla”, aseveró el ministro para dar por zanjada la responsabilidad del órgano regulador.