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Se trata de Luis Ramírez Dávalos (34) sobre quien pesaba una orden de detención de la Fiscalía de Capiatá por estar supuestamente involucrado en varios casos sobre denuncias de supuestos allanamientos a locales comerciales donde se presentaban documentos de dudosa procedencia, según explicó el subcomisario José Ayala, jefe del grupo de Investigación de Delitos del Departamento Central con sede en San Lorenzo.
Indicó que las denuncias ascienden aproximadamente a 20 y todas son del departamento Central, en ciudades como Capiatá, San Lorenzo, Luque, Guarambaré, entre otras.
Al ser interceptado en Fernando de la Mora, el mismo se encontraba en compañía de Laura Catalina Bogado (24) asistente del Ministerio Público de la misma ciudad, que estaría implicada en los falsos procedimientos.
De su poder se recuperaron evidencias como ser documentos que contienen datos de los supuestos allanamientos, una radio walkie talkie, robada de la comisaría 9na Metropolitana y un vehículo en el que se presume actuaban, de la marca Nissan tipo Wagon con chapa BDK 104, a nombre del detenido.
Según el jefe policial, el modus operandi era que Ramírez se presentaba vestido de traje, junto con una mujer -de quien aún no se cuenta con la descripción- como supuesta representante del Ministerio Público y una última persona vestida como agente policial.
Benito Alejandro Torres, director de la Dirección de Asesoría Legal de la Municipalidad de Asunción, señaló que su dirección ya tomó cartas en el asunto y agotaran todas las instancias para llegar al fondo de la cuestión, pues asegura no existía ninguna operación en curso para decomisar tragamonedas que funcionaba en forma irregular en la zona donde fueron sorprendidos infraganti la pareja.
Dijo que lo primero que se hace en estos casos, es resolución de por medio se instruye sumario al funcionario y luego se le suspende en el cargo sin goce de sueldo a la resulta del proceso penal. Es decir como aparentemente el utilizó su calidad de funcionario amerita la disposición de la resolución y el acompañamiento de las tareas fiscales, para esclarecer el hecho.
Si esta persona es condenada u obtiene condena sustitutoria se procede a su destitución como funcionario, si se le sobresee, entonces puede continuar como funcionario, explicó el directivo.