“El Centro de Estudios Judiciales manifiesta su enérgico rechazo a las prácticas prebendarias en la que incurren varias autoridades públicas”, expresa el documento al principio.
Luego, propone “la instalación de mecanismos de transparencia efectivos que devuelvan la confianza en las instituciones democráticas”. Insta especialmente a los representantes de los tres poderes del Estado a que transformen y recuperen el prestigio de sus instituciones.
En una segunda parte del comunicado, el CEJ recuerda las leyes vigentes que deben cumplirse en estos casos:
- La ley Nº 1.626/2000 “de la Función Pública”, que contempla el concurso público de oposiciones para acceder a un cargo en el sector público, respetando la igualdad de oportunidades para participar en la función pública, en base a la idoneidad.
- Preservar el estado de derecho, exigiendo la aplicación de las leyes vigentes: ley Nº 2.777/2005 “Que Prohíbe el Nepotismo”.
- La ley Nº 2.523/ 2004 “Que tipifica y sanciona el enriquecimiento ilícito en la función pública y el tráfico de influencias”.
- La ley Nº 2.880/ 2006 “Que reprime hechos punibles contra el patrimonio del Estado”.
El CEJ expresa su apoyo y se compromete a acompañar a los fiscales que ya han iniciado una investigación de oficio ante los casos de nepotismo y tráfico de influencias detectados recientemente, para evitar la impunidad de los hechos de corrupción.
Así también, exige la sanción de los actos de tráfico de influencias y salarios múltiples descubiertos y solicita la corrección de esos hechos, teniendo en cuenta los artículos 105 y 201 de la Constitución Nacional.