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El titular de la Dirección de Estadística y Seguimientos Judiciales del Indert, Carlos Peralta, dio a conocer este jueves que la Agroganadera Aguaray S.A. pretende apropiarse de una fracción fiscal ubicada en el distrito de General Resquín, en San Pedro.
El caso salió a flote tras una solicitud presentada al Indert por la comisión vecinal sin tierra Añareta’i de la zona, cuyos integrantes realizaron mensura judicial sobre las tierras utilizadas por la empresa.
De este modo se pudo determinar que de un total de 30.500 hectáreas ocupadas por Aguaray S.A., una fracción de 2.491 hectáreas corresponde a un excedente fiscal, que hoy es reclamado por la comisión que aglutina a unas 260 familias.
El procedimiento de mensura permitió comprobar la existencia de títulos de propiedad sobre unas 28.000 hectáreas ocupadas por la agroganadera, mientras se detectó que el excedente fiscal actualmente también está siendo explotado por la empresa.
Peralta señaló que el problema surgió cuando el juez Joel Kunzle emitió una sentencia a través de la cual se aprobó la mensura sobre las 30.500 hectáreas, de las cuales solo 28.000 pudieron ser justificadas por la empresa.
Pero, el juez advirtió que “se incurrió en un error al no hacer constar en esa diferencia (excedente) de 2.491 hectáreas como tierras fiscales. Ante esta situación apelé y la Cámara salió a favor de la empresa”, lamentó el directivo del ente agrario.
Peralta afirmó que actualmente el caso está “paralizado” en el Servicio Nacional de Catastro (SNC), del Ministerio de Hacienda, donde se argumenta que el excedente aún no puede inscribirse a favor del Indert porque existe otro oficio emitido sobre un juicio de usucapión iniciado por la firma en 2012.
“En un maratónico tiempo de ocho meses sacaron una usucapión sobre tierras del Estado, donde utilizaron la mensura oficial para beneficiarse recurriendo a un juzgado incompetente”, aseguró el representante del Indert.
Asimismo, Peralta denunció que se está tergiversando mucha información “para hacer creer que no estamos trabajando bien”.
La agroganadera justifica la pretensión de las tierras en cuestión argumentando que el excedente descubierto pertenece a una propiedad privada y no a tierras fiscales y que mediante maniobras judiciales están buscando apoderarse de las 2.491 hectáreas.