Los senadores consiguieron los 23 votos necesarios para ratificarse en su sanción inicial y enviar así nuevamente la propuesta a la Cámara Baja. Este último cuerpo legislativo había aprobado este proyecto con modificaciones el pasado 2 de abril, reconociendo la deuda solo a la firma SGS, no así a Bivac.

Los parlamentarios consideraron importante la necesidad de saldar la cuenta del Estado para evitar que la deuda siga incrementándose. Sin embargo, parlamentarios como Desirée Masi cuestionaron que el millonario “daño patrimonial” no tenga culpables. “Instamos a la Procuraduría que se haga la investigación. No puede ser que se paguen 62 millones de dólares y no haya una sola persona investigada”, lamentó la senadora.

Con esta ratificación se cumple con la intensión del Ejecutivo, que quiere que se pague a las dos empresas, que en 1996 (durante el gobierno de Juan C. Wasmosy) firmaron un contrato con Paraguay para el escaneo de contenedores en Aduanas. Unilateralmente, el gobierno de Raúl Cubas en 1998 rescindió el contrato y no pagó a las dos firmas.